Luis Montes (Vi l larino
de los Aires,
Salamanca, 1949),
anestesiólogo del
Hospital Severo Ochoa,
de Leganés, estuvo en
el punto de mira de la
opinión pública al ser
acusado, desde el
gobierno autonómico
de Madrid, de practicar
sedaciones irregulares
a pacientes cuando
ocupaba el cargo de
jefe de Urgencias de
ese mismo centro
hospitalario.
Recientemente, el juez
de Instrucción número
7 de Leganés
sobreseyó el caso.
Hace dos semanas, el
doctor Montes se
convirtió en el invitado
de honor del XIV
Congreso Nacional de
la Sociedad Española
de Atención al Usuario
de la Sanidad, que tuvo
lugar en Cala Millor.
P.- ¿Considera que la atención
al paciente es, por así decirlo,
la hermana pobre de una
sanidad que ha evolucionado
mucho desde el punto de vista
tecnológico y de investigación,
pero no tanto, quizás,
en humanización?
R.-Creo que sí, aunque lleva
poco tiempo como especialidad.
En estos veinte años ha abordado
un trabajo pedagógico de acercamiento
y resolución de los problemas
internos de las instituciones
sanitarias. Ha realizado una
labor social, por lo menos en Madrid,
donde se han buscado ayudas,
se ha coordinado la interrupción
voluntaria del embarazo, la
planificación familiar, y se ha
dado respuesta a las denuncias. La
atención al paciente ha tenido que
afrontar un trabajo ingrato.
P.-Su especialidad es la anestesiología,
y en un libro de Robin
Cook, novelista de ficción
muy versado en temas médicos,
se afirma que para el
anestesista el 99 por ciento del
tiempo está caracterizado por
el aburrimiento, y el 1 por
ciento por el pánico ciego.
¿Está de acuerdo?
R.-Totalmente de acuerdo. El
anestesista controla y mantiene
las constantes vitales del paciente,
que está profundamente dormido.
Cuando se despierta, estará
en su habitación, en el servicio
que le corresponda, y no sabrá
con quién ha estado. Y del anestesista,
ni se acordará.
P.- ¿Considera que la sanidad
pública marcha irreversiblemente
hacia un proceso de privatización?
R.-Vivimos en una sociedad de
libre mercado, y por supuesto, tienen
que coexistir medicina pública
y medicina privada. Entiendo
que la medicina privada, en algunas
Comunidades Autónomas,
constituye una obsesión, sobre
todo en las gobernadas por el Partido
Popular. Me refiero a que es
una obsesión por la privatización,
y no solo en la sanidad, sino también
en la enseñanza y en todas
las prestaciones que equivalgan a
servicio público.
P.- ¿Sanidad pública y sanidad
privada tienen un marco
común desde el que poder colaborar
y entenderse?
R.- En una sociedad de libre
mercado, un grupo empresarial
está en su derecho de construir un
hospital y ofrecer una determinada
cartera de servicios. Lo que
no se puede permitir es que capitalicemos
la medicina privada con
capital público. Dentro de unos
años, se habrá descapitalizado la
atención pública y se habrá capitalizado
la privada con los programas
de externalización de listas de
espera, con el pago de un canon
por construcción de un hospital, y
además fidelizando a toda una
población. Es un negocio redondo,
y no veo por ningún sitio la relación
entre capital y riesgo. Me
parece una práctica totalmente incorrecta,
y como la Ley 15/97 ha
sido la normativa que ha dado pie
a esta privatización obsesiva, está
claro que hay que derogarla.
P.-Baleares registra el porcentaje
de seguros sanitarios privados
más elevados del Estado,
con mucha diferencia sobre
el resto de Comunidades Autónomas.
¿Qué conclusiones
saca de este dato?
R.-En Baleares vive mucha población
extranjera. Por otro lado,
los ciudadanos tienen derecho a
elegir. Lo que no es justo ni equitativo
es que, con dinero público,
se esté sufragando la capitalización
de la medicina privada.
P.-En Baleares existen muchas
quejas sobre las carencias de
la financiación sanitaria. Usted,
que trabaja en la sanidad
de otra Comunidad Autónoma,
la de Madrid, ¿piensa que
los ciudadanos españoles reciben
peor o mejor asistencia
sanitaria en función del territorio
en el que residen?
R.-La Comunidad que menos
presupuesto destina a sanidad es
Madrid. Los ciudadanos deberíamos
decidir a dónde van nuestros
impuestos. Estamos en una gran
crisis económica, y me parece que
subvencionar la Ley de la Dependencia
y mantener la sanidad pública
requiere eficacia de gestión
y más recursos.
P.- ¿Está condicionada la gestión
sanitaria en Madrid por
determinados intereses políticos
o económicos, más o menos
inconfesables, que redundaría
en un empeoramiento de la calidad
de la sanidad pública?
R.-Está claro. En Madrid, desde
las transferencias, se ha ido invirtiendo
cada vez menos dinero
en la sanidad, y esta circunstancia
ha conllevado una merma
importante de la calidad y que en
los hospitales no se reinvierta en
tecnología.
P.-Usted es el presidente de la
Asociación por el Derecho a
Morir Dignamente. Sin embargo,
¿qué entiende usted por
morir dignamente?
R.-Tenemos que empezar a hablar
de buena muerte y de calidad
de muerte. Todo el mundo sabe lo
que es la buena vida, y también
lo que significa la calidad de
muerte. Si algo tenemos todos claro
es cómo queremos morir, y deseamos
hacerlo en el mejor grado
de confortabilidad y el menor
sufrimiento posible. Hay personas
que tienen una muerte tranquila,
mientras que otras han de
afrontar un sufrimiento muy intenso
y una agonía desesperante.
Para combatirlo, la medicina ha
desarrollado un arsenal terapéutico
con el que, perfectamente, te
puedes morir lo mejor posible.
P.-Al hablar de la dignidad de
la muerte hay que hacerlo inevitablemente
de la eutanasia.
¿Qué tipo de regulación sobre
la eutanasia está preparada la
sociedad española para aceptar,
actualmente?
R.-La Ley de Autonomía del Paciente plantea que éste tiene determinados
derechos, y uno de
ellos es negarse a recibir tratamiento.
La última parte de esa ley
es el decreto del testamento de últimas
voluntades o testamento vital.
En ese documento, el paciente
participa en el proceso indicando
cómo quiere que sea el final de
su vida. Por otra parte, tenemos
el código penal, que se limita a penalizar
la eutanasia activa y la colaboración
necesaria para que la
muerte se produzca. Bajo mi punto
de vista, en todos los países de
Europa se ha abierto un debate en
torno a estas cuestiones.
P.- ¿Explíquenos cuál es ese
debate?
R.- Es una discusión centrada
en el proceso en el que puede resultar
permisiva la eutanasia. Por
ejemplo, pongamos el caso de una
persona, plenamente consciente
de sus actos, que sufre una enfermedad
terminal, con una expectativa
de vida inferior a tres meses.
Aese paciente, los médicos
le vaticinan que, antes de morir,
padecerá un terrible sufrimiento,
tanto físico como psíquico. En
estas condiciones, la eutanasia
debe despenalizarse. De hecho, el
marco jurídico en el que se halla
ahora esta cuestión es anticonstitucional.
P.- ¿Dónde se puede morir mejor?
R.-Si eres sanitario o médico,
te puedes morir tranquilamente
en este país, y además muy bien.
Si eres usuario, y no tienes relación
con ningún médico, pues los lugares
más idóneos son Holanda, Bélgica
y Luxemburgo. En España se
podría hacer perfectamente, y de
hecho ocurre de una forma clandestina,
pero resulta imprescindible
contar con un colaborador necesario
que te preste la ayuda. En
mi caso, estoy convencido de que
me voy a morir muy bien.
P.- ¿Considera que las creencias
religiosas, o determinadas
perspectivas éticas o moralistas,
todavía ejercen una
influencia importante en la legislación
sanitaria en países
como España?
R.- Somos un país con una sanidad
pública y una
sociedad aconfesional,
pero con capellanes.
Esa es la realidad.
Otra cuestión
es que, cuando
llega el momento
de la muerte, dependes
del profesional
que en ese
momento esté trabajando,
y por tanto de su influencia
ideológica. En este país
no está legislada la objeción de
conciencia, que es otro debate que
deberíamos afrontar. Ami juicio,
en un servicio público no puede
haber lugar a acogerse a la objeción
de conciencia.
P.- Usted saltó al primer plano
informativo hace varios
años después de que el gobierno
autonómico de Madrid le
cesara en el cargo que ejercía
en el Hospital Severo Ochoa,
acusándole de proporcionar
sedaciones indebidas a los pacientes.
Después, la Justicia le
exculpó de esa imputación.
¿Considera que fue víctima de
una especie de cruzada ortodoxa,
por así llamarla?
R.- Creo que fue una cortina de
humo para desprestigiar a los servicios
públicos. En Madrid, desde
mi cese en marzo y hasta el mes
de agosto, no se habló de otra cosa
que de los 400 homicidios. Mientras
tanto, se tramitó la entrega y
construcción de ocho hospitales a
las empresas privadas, y sobre
esta cuestión en Madrid no hubo
ningún debate.
P.- Es decir, que la opinión pública
madrileña no se enteró
de nada…
R.- No sé si recuerdas que el
año anterior a que todo esto sucediera,
la película ‘Mar adentro’, de
Alejandro Amenábar, ganó el Oscar,
y también se le concedieron 16
premios Goya. El tema de la eutanasia
era entonces un clamor popular.
Las últimas encuestas del
CIS, en diciembre de 2004, marcaban
que un 78 por ciento de la población
estaba de acuerdo en que
se despenalizara la eutanasia.
Todo ello me conduce a pensar
que se trató de un golpe de mano
para reconducir el debate y equiparar
la eutanasia con la cultura
de la muerte y el asesinato. En
esta sociedad plural no existe un
verdadero discurso ético y moral.
P.- ¿Fue su cese en el Hospital
Severo Ochoa una decisión
política?
R.- Sí, pero el conflicto empieza,
en realidad, con mi cese. Nosotros
entendimos esa decisión como
una huída hacia delante. Intervinieron
comités de médicos afines
ideológicamente al gobierno de
Esperanza Aguirre que se encargaron
de redactar dictámenes. Se
sobrepasó a la fiscalía, y se judicializó
todo el proceso, conociendo
de antemano los plazos y tiempos
que existen en el proceso de administración
de la justicia. En otras
palabras, mi opinión es que se actuó
con premeditación y alevosía.
P.- ¿Cómo vivió ese proceso,
personalmente?
R.-Con bastante
sufrimiento, porque
cambió muchos aspectos
de mi proyecto
personal, sin
olvidar la angustia
que causó a las personas
que trabajaban
conmigo. De
ese equipo, integrado
por 17 médicos, ninguno trabaja
ya en el centro, e incluso algunos
se han tenido que marchar de la
Comunidad de Madrid. Cesaron
a cinco jefes de Servicio con más
de veinte años de trabajo a sus espaldas.
La gente está cansada, y te
produce mucha tristeza, sobre
todo impotencia, la soberbia en
el ejercicio del poder de ciertos políticos.
P.- En toda esta disyuntiva,
¿se ha sentido apoyado por
la sociedad?
R.- De hecho, el aspecto que
más nos compensa es el apoyo
popular. Creo que, por parte de
los sectores contrarios a la regulación
de la eutanasia, se ha tocado
un tema tan sensible como la
muerte de una forma muy chusca.
Ycon esto han abierto el debate
de la eutanasia, porque la sociedad
ha dicho que ya basta. El ladrillo
vale, porque nos favorece
a todos, pero que también pretendan
condenarnos a tener que morir
mal, eso no. Todos estos frentes
abiertos van a tener repercusión,
y el debate sobre la eutanasia
se halla ya en la calle.
P.- Usted expresó su apoyo público
a la candidatura de José
Luis Rodríguez Zapatero en
las pasadas elecciones generales.
¿Supone ello que, a su juicio,
existe una sanidad de izquierdas
y otra de derechas,
y que usted considera que es
mejor la primera opción a la
segunda?
R.- El apoyo a Zapatero se produjo
porque, en las elecciones generales
de 2008, existía un empate
técnico entre PSOE y PP. Si Zapatero
no ganaba, y lo hubiera
hecho la derecha, me hubiera visto
obligado a irme del país. Con el
ensañamiento que tenían conmigo,
si Rajoy se hace con el poder
habría tenido que marcharme.
P.- Por cierto, ¿qué valoración
realiza del primer año de gobierno
de Zapatero en materia
sanitaria?
R.- Zapatero tenía una visión
clara de los servicios públicos, entre
ellos la enseñanza y la sanidad.
Debe definirse, y todavía no lo ha
hecho. Tiene que derogar la ley
15/97 que da pie a la privatización,
a la entrada de capital externo
en los servicios públicos, y esta
es todavía una asignatura pendiente.
Eso no me parece bien.
P.- ¿Qué opina de la última
decisión, extraordinariamente
controvertida, del Gobierno
central acerca de la ampliación
de la ley del aborto? ¿Es
aceptable que una menor de 16
años aborte sin que ni siquiera
deba comunicárselo a su familia,
cuando no puede colocarse
un piercing sin el consentimiento
paterno?
R.- La ley del aborto contempla
una situación que había que despenalizar.
Tenemos estadísticas que
demuestran que hay más de
140.000 abortos en España. La edad
de 16 años no es porque se le haya
ocurrido al señor Zapatero ni a la
señora Bibiana Aído, sino porque
la mayoría de estas jóvenes, sin autorización
paterna, reúnen dinero
entre la peña de amigos para ir a
una clínica privada y abortar, por
lo menos en Madrid. El día menos
pensado, los agentes de la autoridad
pueden presentarse en cualquier
clínica, descubrir que hay
una niña de 16 años abortando, y encarcelarla. Esta es la realidad.
