Es cierto, y así es justo que sea reconocido, que, en nuestro entorno, la sociedad ha avanzado considerablemente en materia de los derechos del sector de la población que padece algún tipo de discapacidad. Sin embargo, aun queda mucho camino por recorrer. Todavía hoy en día, en nuestras ciudades, pueblos y localidades de residencia existe un gran número de edificios (buena parte de ellos, por cierto, de titularidad pública), que no contemplan ninguna vía de acceso para los usuarios con discapacidad física, haciendo imposible que estos ciudadanos puedan realizar las mismas actividades cotidianas que cualquier otra persona.
Estamos hablando de situaciones del día a día, que van desde ir a cenar a un restaurante, hasta acudir a la proyección de una película en una sala de cine, realizar un tramite en una administración pública o participar en una reunión o un encuentro. Para que algún día estas dificultades hayan desaparecido absolutamente hace falta un requisito indispensable: más allá de la actuación de las administraciones, es necesario que también los ciudadanos tomemos plena conciencia de nuestro papel en la normalización de la discapacidad. Y eso debemos hacerlo cada uno de nosotros, en nuestro entorno, sin rehuir nuestra propia e intransferible responsabilidad.