El año empieza con muchos, y sin duda complicados, retos por delante en materia de salud. Por una parte, en esta recta final de legislatura, el Gobierno central deberá consolidar las directrices de la reforma sanitaria, que tantos ríos de tinta ha hecho correr y tanta controversia ha generado. Después de las airadas reacciones iniciales a una reforma que fue acogida con más reticencias que aplausos, y con más desconfianza que apoyos, ha llegado el momento de que el Ministerio de la Sanidad, y las diversas administraciones autonómicas, empiecen a presentar datos concretos del balance de resultados que ha supuesto la aplicación de esta normativa.
Cabe recordar, que la intención del Gobierno, o así lo proclamaron sus representantes, fue siempre la de asegurar la sostenibilidad del sistema público de salud, en un horizonte que se presentaba incierto y convulso. ¿Han asegurado estas medidas la supervivencia del modelo sanitario público, universal y gratuito? ¿Estan, al menos, a medio camino de lograr ese objetivo? Esas son las preguntas que el Gobierno debe contestar para que los ciudadanos tengamos la oportunidad de evaluar si los cambios han merecido la pena.
Entretanto, se halla a las puertas una nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo que no solo ha hecho saltar chispas en los entornos más hostiles al partido gobernante, sino que ha originado rencillas y disputas en el seno mismo del PP. Tras las opiniones contrarias a la reforma, o a una parte de la misma, expresadas sin tapujos por determinados ‘barones’ del partido, parece evidente que el ministro Gallardón no se saldrá con la suya a la hora de llevar adelante un anteproyecto de ley sin modificación ni mácula. Gallardón no tendrá más remedio que modificar determinados contenidos, si quiere sacar adelante su ley, y, aun así, la contestación en la calle amenaza con proseguir durante bastantes meses.
Difícilmente podía esperarse otra cosa en un tema de tanto calado social como el aborto. Ya fue así en la transición, lo continuó siendo en 1985 (fecha de la aprobación de la primera regulación de la interrupción de la gestación) y así ocurre también ahora.
En Baleares, mientras tanto, la Conselleria de Salut tiene por delante una expectativa que cumplir: procurar que la calma conseguida a partir de la segunda mitad de la legislatura no se empañe ni sea puesta en riesgo. El equipo que encabeza Martí Sansaloni está llevando a cabo una buena labor de sordina para supurar las heridas de un sector que comenzó el actual período de gobierno en permanente estado de crispación.
Entretanto, quedan muchas asignaturas pendientes que mejorar. Las listas de espera han de proseguir su evolución positiva, y las inversiones en materia sanitaria han de correr paralelas al previsto despegue de nuestra economía, tal como mandan los cánones de la política entendida como inalienable servicio a la comunidad.
