La gripe está considerada, habitualmente, un problema de salud menor. Sin embargo, el error que se comete con esta apreciación resulta verdaderamente mayúsculo.
Y lo es por una triple razón: primero, por su elevadísima incidencia, ya que, como bien es sabido, la gripe afecta, generalmente por estas fechas del año, a millones de personas alrededor del mundo; segundo, por su condición de patología infecciosa, que debería añadir un plus de motivación a la hora de valorar la conveniencia de adoptar las precauciones adecuadas para asegurar una correcta protección frente al virus gripal; y, por último, a causa del grave riesgo que la gripe supone para un colectivo ciertamente amplio de ciudadanos.
En efecto, es posible que la gripe constituya un episodio más o menos leve de enfermedad para la mayor parte de la población, siempre que se apliquen a tiempo los cuidados y tratamientos oportunos. Pero, desde luego, no tiene nada de leve en el caso de colectivos como los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas, los niños de corta edad, los ancianos, los profesionales que se dedican a proporcionar servicios especiales a la comunidad (el personal sanitario, los policías, los bomberos, los cuidadores….) y los pacientes inmunodeprimidos, entre otros grupos poblacionales que igualmente habría que considerar.
En realidad, el número de personas incluidas en alguno, o varios, de estos colectivos es tan elevado que restar importancia a los efectos de la gripe sobre la salud general de una comunidad constituye un comportamiento frívolo y nada razonable.
Sin ir más lejos, y aunque sea en un margen reducido de situaciones, la gripe es capaz de producir, incluso, la muerte. Y así ocurre en pacientes con una estado físico precario, o cercano a la precariedad, que arrastran problemas crónicos que, unidos al ataque del virus gripal, conforman un cóctel ciertamente nocivo y, en ocasiones, como decíamos, hasta mortal.
Desde este punto de vista, las campañas de vacunación llevadas a cabo por las administraciones competentes han de estar guiadas por esta idea general de no menospreciar las consecuencias devastadoras de la gripe sobre la salud general de un colectivo humano.
Aunque las recomendaciones sobre las ventajas de participar en las campañas de vacunación van dirigidas especialmente a los grupos de riesgo anteriormente mencionados, también son aplicables al resto de ciudadanos.
Y no solo, y hay que insistir sobre ello, porque nadie desea sufrir un episodio de gripe y sus consecuencias, sino porque la obligación de cualquiera de nosotros es proteger a otras personas de un posible contagio.
En términos de salud, la palabra clave no es individualismo, sino solidaridad. La enfermedad de uno puede acabar siendo la enfermedad de otros muchos, abriendo la espita de un efecto cascada de impredecibles consecuencias. La historia nos ofrece abundantes ejemplos sobre ello.
Paralelamente, cabe añadir el costoso perjuicio que ocasiona la gripe en la estabilidad y sostenibilidad económica y laboral de un territorio. El número de bajas que se tramitan en las empresas y los puestos de trabajo a causa de la gripe es tan elevado que resulta difícil de contabilizar. Eso significa que millones de euros del presupuesto público deben dedicarse a la cobertura de seguridad social y a la atención médica de una patología que, en realidad, puede ser eficazmente prevenida tan solo con un leve pinchazo.
Dada nuestra presumible condición de seres racionales no debería ser excesivamente complicado aceptar y entender estos argumentos para asumir la importancia de que la campaña de vacunación contra la gripe adquiera la dimensión que requiere y cuente con la participación del máximo número posible de ciudadanos.
