La legislatura autonómica está a punto de finalizar y ha llegado el momento de preguntarnos qué nos deparará el futuro, desde el punto de vista sanitario. ¿Comparten los diferentes partidos políticos que optan a los comicios un mismo modelo de atención médica? ¿O bien existen divergencias importantes y de calado entre unos y otros? Porque si la respuesta correcta es la segunda, el resultado que arrojen las urnas, y que será, evidentemente, el fiel reflejo de la voluntad legítima e incontestable de los ciudadanos, se antoja verdaderamente crucial para saber si, en los próximos cuatro años, se producirán cambios sustanciales en la manera de enfocar y plantear el modelo asistencial.
No hace demasiado tiempo, este tipo de preguntas resultaba ociosa. Podían formularse para descargar alguna porción de adrenalina dialéctica, pero, en realidad, todas las fuerzas políticas coincidían plenamente en cuáles eran los pilares que sostenían el edificio sanitario. Y, en particular, el edificio sanitario público.
Hoy ya no es así. Podría decirse que en el terreno de la sanidad se ha roto la baraja, porque algunos partidos han apostado por erigirse en los defensores a ultranza de una asistencia médica pública, universal y gratuita que, si hemos de ser sinceros y objetivos, nadie, en su sano juicio, ha cuestionado nunca en nuestro país.
Más bien, la labor que se ha desarrollado estos últimos años desde el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ha sido asegurar, garantizar y reforzar la viabilidad del sistema de salud público con el objetivo de que la crisis económica no se lo llevara por delante.
En esta previsión, propia de gobernantes prudentes y responsables, determinados partidos y sectores de opinión han creído ver el desmantelamiento de la sanidad pública. Nada más lejos de la realidad.
No obstante, a nadie le cabe duda de que el debate sanitario estará más presente que nunca en la campaña electoral, y en las semanas previas a la campaña.
Ya está sobre el tapete, de hecho, y no lo ha dejado de estar desde hace bastante tiempo. Concretamente, desde que el PP decidió actuar no en función de sus intereses partidistas, sino en beneficio del conjunto de ciudadanos, y adoptó decisiones que, ciertamente, no permiten ganar un premio a la popularidad, pero que, con el paso de los años, son recordadas por su valentía, su coherencia y su rigurosidad.
Afortunadamente, los síntomas de la crisis empiezan a dar muestras de ceder para dejar paso a una época de regeneración económica que hará posible a las administraciones disponer de más recursos, y, como es lógico, habilitar más medios para un eje neurálgico del Estado del Bienestar como es la sanidad.
Ahora bien, ¿hubiéramos llegado al punto actual de no haber mediado decisiones y medidas correctoras que, al fin y a la postre, han actuado como eslabones de refuerzo del sistema sanitario público? ¿O, más probablemente, hoy nos encontraríamos con un sistema sin financiación y sin posibilidades de seguir subsistiendo? En este último caso, el cambio de modelo hubiera sido más que necesario. Hubiera sido imprescindible.
Y no precisamente para abrazar un sistema mejor, de más calidad y solvencia, sino, más bien, para todo lo contrario.
