La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, se ha estrenado en su cargo, por lo que respecta a la política sanitaria, con la devolución de las 20.000 tarjetas médicas que pertenecían en su momento a ciudadanos inmigrantes en situación irregular y que el anterior Ejecutivo autonómico les retiró, aduciendo la necesidad de equilibrar las cuentas presupuestarias del sistema público de salud. ¿Se equivocó el Govern de Bauzá con esa decisión? ¿Acierta ahora el nuevo gabinete encabezado por Armengol apostando por rectificar esa polémica medida? Como suele ocurrir en política, y, de hecho, en la vida en general, cualquier realidad es poliédrica y no puede ser contemplada desde un único prisma.
Por una parte, si retrocedemos unos cuantos años, hasta los inicios de la legislatura anterior, todos recordaremos que existía un temor profundo, en la sociedad balear y en sus responsables políticos, en torno a la viabilidad y la sostenibilidad de los servicios de salud. La crisis económica se hallaba en su máximo apogeo y castigaba duramente no tan solo las expectativas laborales y financieras de los ciudadanos, sino también la disponibilidad presupuestaria de las administraciones.
A lo largo de las sucesivas declaraciones que llevaron a cabo, acerca de esta cuestión, tanto el entonces presidente, José Ramón Bauzá, como los diferentes consellers que se ocuparon de gestionar el área sanitaria, el argumento para justificar la retirada de las tarjetas sanitarias fue siempre el mismo: la necesidad de asegurar que, pese a los recortes y a la crisis, el sistema asistencial público tuviera garantizada no solo su continuidad, sino también un óptimo nivel de calidad. Y si hay que ser justos, habrá que reconocer que el Govern Bauzá cumplió ese objetivo, más allá de que se compartan o no las actuaciones que desarrolló para lograrlo.
En el otro plato de la balanza a la hora de valorar esa realidad poliédrica a la que nos referíamos se hallan las críticas hacia una medida que afectaba de lleno a una parte de la población, cuya situación irregular en términos de residencia legal en España no puede conllevar, en ningún caso, un déficit en la atención médica que reciben. Y no solo porque así debe ser en cualquier sociedad humanizada, democrática y civilizada, sino porque, además, la protección del resto de conciudadanos depende de que todos y cada uno de ellos tengan acceso a las infraestructuras y equipamientos del ámbito de la salud.
Ahora bien, ni Bauzá y sus consellers actuaron por capricho, como ya se ha dicho, ni tampoco es cierto que la población inmigrante no regularizada quedara completamente despojada de sus derechos como usuarios de la sanidad pública. Estos ciudadanos continuaron recibiendo atención médica y nunca se hallaron en una situación de indefensión absoluta, ni de ostracismo sanitario, a pesar de que a algunos les agrade repetir esto último. Simplemente, no es cierto, aunque sí lo es que la medida limitó, que no impidió, su acceso al sistema de salud. Con la decisión de retornar las tarjetas sanitarias a este colectivo de población, el Govern de Armengol cumple uno de sus más reiterados compromisos programáticos, y ya solo por eso vale la pena celebrar la rapidez en que se ha puesto manos a la obra. Claro que, posiblemente, esa celeridad pudiera guardar relación con la mejora de los ingresos de la Comunidad Autónoma y el mayor margen presupuestario de que dispone el Ejecutivo en comparación al período precedente. Y esa es una realidad que también ha de tenerse en cuenta.
