El pasado miércoles 29 de julio de 2015 se celebró en Madrid el primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, encuentro que reúne periódicamente a los consejeros de salud de las diferentes CCAA y al ministro de sanidad para coordinar políticas comunes. Este ha sido el primer consejo tras las elecciones del 24M.
A consecuencia de esas elecciones el ministro del PP se reunía por primera vez con un elenco de consejeros mayoritariamente de gobiernos autonómicos de izquierdas con enfoques muy diferentes al último Consejo Interterritorial, en el que el ministro se vio arropado por una mayoría de consejeros de sanidad de su mismo partido.
Patricia Gómez, recientemente nombrada consellera de Salud de la CAIB, ha sido una de las nuevas presencias en el Consejo Interterritorial y ha llevado a Madrid –como otros consejeros de izquierdas– la reivindicación de una sanidad universal que no excluya a los ‘sin papeles’ o que cobre por la tarjeta sanitaria, acciones derogadas ya en Baleares.
Pero en el gran tema de la jornada hubo acuerdo. Las CCAA aceptaron por consenso la propuesta del Ministerio de Sanidad de financiar la vacuna de la varicela a edades tempranas, en una primera dosis a los 12-15 meses y una segunda a los 3-4 años, y no solo a los niños de 12 años que no hayan pasado la enfermedad como hasta ahora.
La decisión supondrá un gasto para las comunidades de unos 6 millones de euros al año, y en principio no se ha acordado una fecha límite para que lo pongan en marcha.
«Se acaba el turismo vacunal para muchos y aumenta la seguridad de los ciudadanos.
Nunca hubo alerta, pero sí incertidumbre”, dijo uno de los consejeros presentes en el acto.
En marzo de 2013, Sanidad y las comunidades acordaron que la vacuna de la varicela estuviera en el calendario vacunal sólo para aquellos niños de 12 años que no hubieran pasado la enfermedad o en aquellos con patologías de base en los que la enfermedad supusiera un riesgo en caso de contagio.
Un año más tarde, la entonces ministra Ana Mato decidió cambiar su estatus a uso hospitalario para que no pudiera venderse en farmacias, lo que propició que las protestas de sociedades científicas y grupos políticos. Hoy las razones de este cambio son «epidemiológicas, de salud pública y sentido común», según fuentes sanitarias.
Los padres –han indicado estas fuentes –no se tendrán que ir a Andorra o a Portugal» a comprar las vacunas», al tiempo que permitirá tener un control de los niños que se vacunan.
No ha quedado claro si la vacuna estará también disponible para su venta libre a través de las oficinas de farmacia, aunque fuentes cercanas al Gobierno señalan que se supone que es lo normal.
La consellera balear del Salud, Patricia Gómez, ha abogado por devolver la universalidad a la atención sanitaria ya que, a su juicio, su retirada ha sido «una medida totalmente cruel». «Somos un país que teníamos una sanidad excelente antes del 2012 y queremos volver a ella con esa universalidad de la atención», ha añadido.
La consellera mostró su postura durante la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y ha añadido que no se puede buscar desde cada comunidad autónoma devolver la asistencia sanitaria «de manera trasversal» o «bordeando la ilegalidad», de ahí que desde la izquierda se abogue por una acción coordinada del Estado.
En esta línea ha consellera Gómez ha recordado que en las Islas Balearas ya se ha devuelto la tarjeta para el derecho a la asistencia sanitaria a inmigrantes. «Ya devolvimos el derecho a la asistencia hace unos días aproximadamente, ahora mismo son 193 las personas que la han recuperado».
También ha solicitado ha solicitado la consellera incluir entre los puntos del día del próximo Consejo Interterritorial el tema de la sanidad para la población sin papeles ya que «hay que tratarlo como se corresponde» y es un «tema fundamental».
En las islas se calcula que 20.000 personas se beneficiarán de las nuevas condiciones de acceso a la sanidad. La consellera también se ha referido a la modificación del calendario de vacunación para el adelanto de la vacuna de la varicela, que pese al consenso alcanzado no ha sido un tema libre de polémica. Sobre esto ha señalado que desde el Govern balear se ha denunciado el procedimiento porque, a su juicio, «no se ha establecido de manera correcta».
Sin embargo, también ha señalado que, a pesar de que ha sido un tema «bastante debatido», todas las comunidades autónomas están de acuerdo con que «tiene que haber criterios comunes». «No vamos discutir la evidencia y los políticos no debemos generar falsas expectativas ni mucho menos confusión a los padres y atención diferente a los niños», ha apuntado la consellera.
