La presidenta del Govern, Francina Armengol, se ha mostrado «orgullosa» por haber devuelto la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares de Baleares y ha explicado que se está trabajando dentro del «marco normativo del Estatut d’Autonomia» para volver a convertir el sistema sanitario público en un «derecho universal y gratuito».
Esta ha sido la reacción del Govern balear ante el anuncio hecho la semana pasada desde el Gobierno central del peligro de multas por parte de la Unión Europea hacia las CCAA (gobernadas desde las pasadas elecciones por coaliciones de izquierdas) que han decidido devolver las tarjetas sanitarias a los ‘sin papeles’.
Armengol calificó de «cruel» la medida que el Estado tomó cuando decidió excluir los inmigrantes de algunos servicios de salud básicos y recordó que la UE advirtió a España a principios de 2014 sobre la exclusión de los inmigrantes del servicio de salud, indicando que la medida era «contraria a la Carta Social Europea».
La líder del Ejecutivo balear ha dicho que lo que debe hacer el Gobierno central es «dejar de poner palos en las ruedas» de la gestión autonómica y «plantearse una mejora en el apoyo a las comunidades, para que éstas puedan garantizar los servicios básicos, como la salud o la educación, a todos los ciudadanos».
La semana pasada el secretario general del Ministerio de Sanidad, Rubén Moreno, advertía a las comunidades autónomas que están devolviendo la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares porque, según asegura, puede tener «consecuencias catastróficas» como multas millonarias a diario por parte de la Unión Europea y la paralización de todos los fondos europeos.
Armengol destacó que el Ejecutivo balear no ha recibido ninguna «comunicación oficial», en referencia al posible incumplimiento normativo planteado por el secretario general de Sanidad, y que otras comunidades (Cantabria, Aragón y Comunidad Valenciana) lo han hecho también, ejerciendo las competencias que se los corresponden en materia sanitaria.
Moreno advertía a las CCAA durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso que al devolver la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares en algunas comunidades, España volvería a la situación previa de la reforma sanitaria y, asegura, eso implicaría pagar multas millonarias cada día y la paralización de los fondos europeos, entre otros.
Según añade Moreno, si las comunidades autónomas devuelven la tarjeta sanitaria a los irregulares, también tendrían que atender a los ciudadanos europeos que acudan a esa región tras tres meses de residencia y que no paguen el seguro en su país de origen.
Evitar ese ‘turismo sanitario’ de ciudadanos de otros países que vienen a operarse o a tratarse a España y –en virtud de su sanidad universal – no pagan ese servicio, ni ellos, ni sus países de origen.
