Después de que la crisis económica haya dejado un sinfín de víctimas por el camino, el compromiso del nuevo Govern, con la consellera Santiago al frente de las políticas sociales y sociosanitarias, consiste en tejer y pertrechar la red asistencial y solidaria que hará posible salvar de la miseria, de la pobreza, de la falta de recursos, de la ausencia de expectativas laborales, a una cantidad aun extraordinariamente ingente de hombres y mujeres que residen en la Comunidad Autónoma balear.
Ahora bien, como apunta la propia consellera, la hoja de ruta de su departamento podrá ir más allá, o bien quedarse en unos límites más cercanos y restringidos, en función de que se mejore o no el sistema de financiación de las islas. Ya no existe un solo partido político, sea de derechas o de izquierdas, nacionalista o no nacionalista, que no coincida en la necesidad de resolver, de una vez por todas, la discriminación histórica que Baleares sufre en su relación con el Estado.
Y no es una cuestión baladí. Sin los recursos suficientes, ni los compromisos de este Govern, ni los de cualquier otro Ejecutivo, podrán hacerse realidad, al menos en toda su extensión.
Una mala financiación implica disponer de un peor sistema educativo, de rentas y pensiones más bajas, de un abanico más restringido de ayudas y prestaciones sociales, y, por supuesto, de una red sociosanitaria más precaria y una oferta asistencial con múltiples carencias cuya notable calidad tiene mucho más que ver con la implicación de los profesionales que con las inversiones presupuestarias que recibe.
En este sentido, Fina Santiago ha apuntado bien el dardo en la diana, y no es de extrañar que sea así porque nos hallamos ante la figura de una responsable política que se ha granjeado un incuestionable prestigio a lo largo de su trayectoria, incluso entre sus más acérrimos adversarios ideológicos, precisamente por su capacidad de comunicar aquello que realmente opina o siente, y no limitarse a transmitir aquellos contenidos políticamente correctos.
Su presencia al frente de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació constituye una garantía de que, como mínimo en el ámbito social y sociosanitario, el Govern autonómico contará en esta legislatura con una excelente gestora, bien conocedora del terreno que pisa y nada amiga de las frases diplomáticas o corteses, sino más bien partidaria de hablar claro y sin tapujos.