P.- En su caso, ¿la experiencia es un grado? ¿O la ilusión del político que empieza es un recurso más efectivo?
R.- La experiencia ayuda mucho, sin duda. En la anterior etapa, en 2007, me sentía algo asustada ante la responsabilidad que asumía, a pesar de que ya anteriormente, en 1999, había formado parte del organigrama del Govern como directora del Institut Balear d’Afers Socials. Este nuevo aterrizaje en la conselleria ha sido más suave. Pero no por ello me siento menos ilusionada. De hecho, pienso que seas político novel o veterano, la ilusión resulta indispensable para afrontar un reto tan importante.
P.- Su entrada en el Ejecutivo no estuvo exenta de suspense. ¿Le tentaba la idea de abandonar la política activa? Y si era así, ¿por qué se dejó convencer?
R.- La realidad es que tomé la decisión de dejar la primera línea de la política a principios de año, coincidiendo con las primarias que mi partido, MÉS per Mallorca, debía celebrar las para elegir a sus candidatos a las elecciones del pasado 24 de mayo. Pensé que tras ocho años ininterrumpidos en primera línea, era el momento de dejarlo y dar paso a gente nueva, aunque eso no significaba no mucho menos abandonar dejar de lado mi compromiso con la política y con mi formación, sino solo desempeñar funciones no tan en vanguardia, por así decirlo. Mi decisión era firme y, de hecho, me reincorporé al Servei de Protecció del Menor, que es donde mantengo mi plaza como funcionaria pública. ¿Qué ocurrió? Pues que el voto progresista acaparó muchas adhesiones en las elecciones, y aunque ya intuíamos que los resultados serían buenos, la verdad es que se superaron todas las expectativas. Ahí fue cuando, al solicitármelo mi partido, me replanteé mi decisión, y no quise tampoco hacerme la remolona. Pensé que las personas que podíamos aportar una experiencia en gestión política debíamos hacerlo, y por este motivo aceptó, a pesar de que me costó mentalizarme, ya que me hacía ilusión trabajar de nuevo en ámbito de la protección al menor, que es un tema que me gusta especialmente.
P.- En la anterior legislatura ejerció como portavoz adjunta del grupo MES en el Parlament. ¿Se vive mejor en la oposición?
R.- En la oposición se vive mejor, sin duda. Tienes menos trabajo de gestión. Pero no cambio la oposición por el gobierno, sobre todo cuando un proyecto político como el nuestro ha obtenido un apoyo sumamente destacado de la ciudadanía. Creo que los gobiernos de pacto son los más democráticos. Formalmente todos los son, por supuesto, pero un pacto te obliga a hablar, te exige consenso. Si se fija, ha sido en las situaciones de mayorías absolutas cuando se han producido más casos de corrupción y el talante ha sido más autoritario, porque sabes que es muy fácil acudir al Parlament y tener garantizado el voto del partido que te respalda.
P.- ¿Cuál es su secreto para conservar tan buena imagen pública, incluso entre sus adversarios ideológicos, en una época en que la figura del político se halla tan denostada?
R.- La imagen del político está muy cuestionada, es cierto, y resulta lamentable que sea así porque, al fin y al cabo, se trata de servidores públicos y deberíamos ser capaces de ganarnos la credibilidad de los ciudadanos. ¿Mi secreto? Bueno, yo siempre he tenido dos cosas muy claras cuando me ha tocado ejercer en política. Por una parte, creo que es importante gestionar temas que conozco, como es el caso de los servicios sociales. Si me hubieran pedido que gestionara sobre recursos hídricos o transporte, seguro que lo habría hecho mal. Y, por otro lado, me considero una firme partidaria del consenso. Una ley o cualquier otra iniciativa de un gobierno que nace sin el consenso necesario está condenada a no perdurar. En cambio, si se busca el acuerdo y el entendimiento, es mucho más probable que esa actuación se consolide.
P.- Por lo que está diciendo, ¿se considera usted una política ‘especialista’?
R.- Opino que sí, y lo soy por convicción personal. Y también creo en los equipos, has de confiar en ellos, han de estar integrados por personas preparadas. De hecho, en esta nueva etapa repito el mismo equipo de personas, prácticamente, que en 2007.
P.- Usted es licenciada en Psicología y diplomada en Trabajo Social. ¿Qué importancia reviste la psicología en la actividad diaria del trabajador social y en la relación de este con los usuarios?
R.- Son dos profesiones que se complementan. La psicología es un elemento básico en los servicios sociales. A mí me ha ayudado, sobre todo, a acercarme a los usuarios, ya que a pesar de que el trabajador social debe ser un profesional que sepa gestionar recursos, que domine el ámbito de la tramitación de ayudas y recursos asistenciales, y con capacidad para ofrecer alternativas en este sentido, también ha de saber aproximarse a la realidad personal. Pongamos un caso de abuso infantil. Cada niño que sea víctima de esta situación lo vivirá de una forma diferente, en función de su psicología y su personalidad, y por ello al trabajador social le resulta extraordinariamente útil contar con la formación que le permita entender esas claves individuales y mejorar la comunicación con el usuario.
P.- Consellera, ¿en Baleares hay realmente mucha gente que lo pasa mal? ¿O aquí vivimos en una especie de paraíso sin problemas sociales, como se piensa, muchas veces, desde Madrid?
R.- En efecto, eso se piensa de nosotros y ese es el gran caballo de la Comunidad Autónoma a la hora de pedir más financiación. Se nos dice que la renta per cápita es alta y que, como usted apuntaba, vivimos en una especie de paraíso. Es cierto que determinados indicadores económicos son elevados en Baleares, pero esa riqueza no está bien repartida, ni justamente distribuida. Por otro lado, el modelo económico balear está basado en actividades con un notable grado de temporalidad. Eso supone que existe un más que destacado contingente de trabajadores que solo pueden ejercer su actividad laboral durante un período del año, y, lógicamente, al cotizar menos tiempo, acceden a pensiones más bajas. Los índices de precariedad, tal como se puede demostrar objetivamente, son más elevados en Baleares que en otros territorios, y es ahí donde la acción de gobierno debe hacerse presente para mejorar el modelo económico e impulsar actividades que permitan tiempos de contratación más prolongados. El turismo cultural, por ejemplo, es una buena opción.
P.-¿Hasta qué punto ha afectado, o está afectando, la crisis económica al escenario sociológico de Baleares? ¿Han surgido nuevas formas de pobreza que antes no existían?
R.- En efecto, el perfil de usuario de los servicios sociales ha cambiado radicalmente con la crisis. Antes, hace unos siete años, la práctica totalidad de personas que acudían presentaban problemas de desestructuración familiar, de falta de inserción social y laboral, de adicciones… Hoy en día, ya no es así en un gran número de casos, porque a esa demanda se han sumado personas que, simplemente, han perdido su trabajo y, por tanto, se han quedado sin ingresos económicos. Por lo demás, son hombres y mujeres con una vida absolutamente normalizada, sin problemas de inserción, ni de convivencia, con plenas facultades cognitivas, emocionales y sociales. Simplemente, no tienen dinero para pagar sus gastos. Así de claro. Digamos que esa precariedad económica de la que hablábamos ha acabado generando un problema social, y esa es una de las herencias más graves que nos deja la crisis.
P.- Según un antiguo refrán, es mejor enseñar a pescar que no regalar pescado. ¿Esta es también la filosofía que conviene aplicar a la hora de administrar los servicios sociales?
R.- Claro que sí. Y, de hecho, esa es la filosofía que subyace tras la gestión de los servicios sociales hoy en día. A una persona con problemas de alcohol no le ayudarás entregándole dinero, sino apoyándole psicológicamente y facilitando su inserción laboral. Ahora bien, en el actual escenario de pobreza económica, nos encontramos, como he dicho antes, con un gran número de usuarios sin otro problema más que se han quedado sin ingresos. Por lo demás, educan bien a sus hijos, ofrecen a sus mayores el cuidado que se merecen, tienen habilidades sociales suficientes…. Pero no tienen dinero. En otras palabras, siguiendo con su ejemplo, a ellos no les han de enseñar a pescar, porque ya saben hacerlo. El inconveniente es que el mar se ha quedado sin peces. La respuesta desde la administración, en este sentido, y así se refleja en el actual pacto de gobernabilidad, ha de ser procurar a estos ciudadanos unos ingresos mínimos que les permitan cubrir sus necesidades básicas. Esa es la filosofía que subyace tras el proyecto de la renta mínima garantizada.
P.- Como profesional del ámbito del trabajo social, ¿qué opinión tiene de la evolución del Estado del Bienestar en estos inicios del siglo XXI? ¿Hay determinados principios, antes aceptados unánimemente, que se están empezando a cuestionar?
R.- Pienso que existe un consenso, sea cual sea el color político del gobierno, en determinados temas como educación y sanidad. Hoy ya nadie cuestiona que son servicios que la administración debe prestar, y además con el máximo índice de calidad que sea posible. En cambio, en el caso de los servicios sociales, mi percepción es que la sociedad todavía no ha hecho suya la necesidad de que los poderes públicos garanticen estas prestaciones, y ello sucede, en gran parte, porque la familia asume en muchos casos la carga de atender a las personas de su entorno que arrastran determinados problemas. Pensemos, si no, en situaciones como el Alzheimer o la discapacidad. Incluso hay gente que todavía no ve clara la necesidad de haber aprobado una ley de la dependencia. Basta fijarse en que cuando hay gobiernos que pretenden recortar en sanidad, mucha gente sale a la calle. Y lo mismo sucede en educación. Pero cuando se trata de los servicios sociales, básicamente, tras las pancartas solo estamos los profesionales.
P.- ¿Qué actuaciones serán las prioritarias en su departamento para atender las necesidades sociales que ahora mismo hay planteadas en Baleares?
R.- En la legislatura 2007-2011 nos centramos mucho en la dependencia, y creo que se realizó un buen trabajo porque supimos convertirla en nuestra gran prioridad. Hoy, más bien, creo que el gran reto es la lucha contra la pobreza. Lógicamente, nos gustaría prestar la misma atención a todos los vectores de los servicios sociales, pero cuando los recursos son limitados no hay más remedio que priorizar. Quizás, si mejora finalmente el sistema de financiación de Baleares se puedan abordar prioridades más amplias, pero de entrada yo creo que la acción de mi departamento ha de estar centrada en la pobreza, como he dicho anteriormente, y en otros dos colectivos muy desatendidos: los pacientes con diagnóstico de salud mental y los jóvenes emancipados cuya tutela ha estado en manos de la administración hasta cumplir los 18 años. Con ello no quiero decir que esté ya todo hecho en materia de dependencia o de gente mayor, por ejemplo, pero como mínimo existe una estructura asistencial básica. En cambio, los usuarios de salud mental y los jóvenes emancipados son grupos de población en los que hay que empezar prácticamente desde cero.
P.- ¿Hasta qué punto condiciona la acción de gobierno el injusto sistema de financiación que afecta a Baleares?
R.- La condiciona absolutamente, y esa es una batalla en la que ya no tan solo están de acuerdo las formaciones políticas nacionalistas, como ocurría anteriormente, sino todos los partidos. Incluso PP y PSOE coinciden en que el sistema de financiación debe mejorar. Solo así podemos disponer en Baleares de unos buenos servicios sociales, y también de una mejor educación y de una mejor sanidad. Pensemos que mientras la financiación balear se halle por debajo de la media nacional, también la calidad de nuestros servicios estará por debajo de esa media. Personalmente, confío en que el año 2017 sea el momento en que esta situación cambie, y que, al menos, Baleares alcance la media del Estado en cuanto a financiación. Es lo mínimo que se puede pedir.
P.- Precisamente hace escasas fechas usted denunció que el Gobierno central ha recortado radicalmente la dotación para la gestión de las pensiones no contributivas…
R.- Imagínese: en su momento, las Comunidades Autónomas aceptamos una propuesta del Estado para gestionar las pensiones contributivas, a pesar de no formar parte de nuestro ámbito competencial. Lógicamente, el Estado se comprometió a enviarnos el dinero necesario para pagar al personal que se ocupara de este trabajo. Sin embargo, estos recursos, en Baleares, han ido disminuyendo año a año hasta el punto de que los cerca de 400.000 euros que se recibían en su día se han convertido en menos de 4.000 Vamos a ver si este tema se puede solucionar, y si no es así devolveremos la competencia al Estado, porque, al fin y al cabo, le pertenece, y, por nuestra parte, la administración autonómica derivará este personal a otras tareas que son, sin duda, igualmente necesarias.
P.- ¿Cuáles son las líneas neurálgicas del proyecto político que han consensuado los actuales socios del Govern?
R.- Indiscutiblemente, los servicios sociales y, en definitiva, la atención a las personas, constituyen el eje neurálgico del pacto de gobernabilidad. La filosofía que impera es la de hacer posible que los servicios sociales se conviertan en el elemento cohesionador de nuestro territorio, impulsando políticas de igualdad que faciliten a todos los ciudadanos el acceso a unos recursos mínimos y a un correcto nivel de inserción laboral y social. Para este gran objetivo, la mediación más efectiva será la renta mínima garantizada, y, además, habrá que tener en cuenta las necesidades de colectivos como los jóvenes emancipados y los pacientes de salud mental, sin olvidar los temas de dependencia. En este último ámbito, se trabajará un frente prioritario, como es la creación de un mayor número de plazas residenciales.
P.- La ley de la dependencia, ¿se está cumpliendo en tiempo y forma, en el caso de Baleares?
R.- En general, creo que el funcionamiento es bueno a nivel de valoración de los casos y de tramitación inicial de los expedientes. El problema se genera en un momento posterior del proceso, cuando en función de su situación se ha de ofrecer al usuario una determinada solución asistencial que, en ocasiones, no existe. Pongamos por caso una plaza residencial. Claro, todo esto son temas que se podrán mejorar cuando se disponga de una mejor financiación, pero aun sin contar con esos recursos se está trabajando bien en el ámbito de la ley de la dependencia para resolver en la medida posible las necesidades de los usuarios. Y, de hecho, ya en 2015 se notará un crecimiento de las plazas en las residencias.
P.- La renta mínima garantizada, como usted mismo decía, es una de las grandes apuestas del nuevo Govern, ¿Cuándo será una realidad?
R.- La previsión es que sea una realidad en 2016, y estará dirigida a familias sin ningún tipo de ingreso económico y con menores a su cargo. Somos conscientes de que existen otros colectivos que también presentan necesidades, pero hemos de empezar por alguna parte y, de común acuerdo con el tejido social del ámbito de la cooperación, hemos juzgado prioritario comenzar con este sector de población para luego, en próximos períodos, estudiar la posibilidad de ampliar el perfil de los beneficiarios. El titular de la renta recibirá un límite de 428 euros, siempre que acredite todos requisitos exigidos, es decir, que no perciba ningún tipo de subsidio o de pensión contributiva, ni disponga, como ya he dicho, de otros ingresos. El beneficiario tendrá, además, la obligación de notificar cualquier cambio en su situación laboral y económica que exija interrumpir el pago de la renta mínima.
P.- Durante estos últimos años, a consecuencia de la crisis, se ha hablado mucho de los efectos de la recesión en la población infantil, e incluso se han llegado a denunciar casos de malnutrición. ¿Ha podido constatar esta realidad desde su llegada a la conselleria?
R.- Precisamente por este motivo hemos querido priorizar la percepción de la renta mínima a familias con menores. Vamos a ver, posiblemente no se puede hablar en Baleares de niños que se mueren de hambre, por así decirlo. En cambio, sí que resulta notoriamente evidente que cada vez hay más casos de familias que han de seleccionar cuidadosamente los productos y alimentos que compran porque no pueden permitirse el lujo de pagar determinados precios. Eso supone, por ejemplo, adquirir una carne de peor calidad, o pescado que no es fresco ni del día, u optar por el arroz y la pasta como base alimenticia porque son artículos más baratos. Este es también un problema de desnutrición, o si se quiere, al menos, de falta de calidad nutricional. Y, por supuesto, la administración ha de resolverlo. Conjuntamente con la Conselleria d’Educació estamos ya trabajando para articular mecanismos que permitan detectar casos de niños con problemas de nutrición en los centros escolares.
P.- En esta legislatura, se llevará al fin a la proyecto de reconversión del antiguo Hospital Son Dureta en un gran centro sociosanitario?
R.- Es otro de los compromisos recogidos en el pacto de gobernabilidad. Y no solo eso, sino que todos los partidos que suscribimos el acuerdo llevábamos ese punto en nuestros programas. Resulta lamentable y se te cae el alma a los pies cuando pasas por las dependencias de Son Dureta y observas el estado de abandono y de inutilidad de un emplazamiento que ha sido durante muchos años un punto neurálgico de Palma y de toda Baleares a nivel sanitario y asistencial. Ahora bien, se necesita mucho dinero. Estamos hablando de una inversión de entre sesenta y setenta millones de euros, y por esto un proyecto de estas características exige mejorar la financiación en Baleares. Personalmente, pienso que esta actuación no se podrá acometer en una única legislatura. Como mínimo, necesitaremos esta y la siguiente, pero también estoy esperanzada en que podamos lograr el consenso generalizado de todas las fuerzas políticas, tanto las que estamos en el Govern como las de la oposición.
P.- La crisis económica, ¿ha actuado como salvaguarda de las recetas neoliberales o, más bien, está ocurriendo todo lo contrario?
R.- Si hay algo que se ha demostrado fehacientemente con la crisis económica es que las políticas neoliberales no funcionan. Nos dicen que el mercado repartirá, redistribuirá, reajustará, y vemos, objetivamente, que eso no es cierto, y que sin el compromiso de la administración para reequilibrar los recursos serían muchos los sectores de población que quedarían fuera del Estado del Bienestar. El capitalismo salvaje no funciona, esa es la gran lección que la crisis nos ha dejado atrás, mientras que otros modelos como la socialdemocracia permiten que haya más paz social.
