La ex consellera de Salud relata ante el juez Castro una extraña maniobra por la que el presidente autonómico dijo primero que había que adjudicar las obras a OHL pero luego rectificó ante un supuesto “problema político” y ordenó que las obras fueran a parar a la constructora Dragados
Aina Castillo ha relatado al juez Castro los extraños vaivenes de las órdenes del ex presidente Matas sobre la adjudicación de las obras de construcción de Son Espases, un contrato que al parecer primero quiso desviar hacia OHL, pero que luego decidió decantar a Dragados, para evitar “un problema político”.
No es extraño que el fiscal Pedro Horrach hable en su querella de “perversión máxima” ya que si se confirman estas acusaciones Jaume Matas habría intentado desviar ilegítimamente el resultado del proceso de adjudicación de las obras del macro hospital no una, sino dos veces. La investigación continúa.
La ex consellera de Salud Aina Castillo (en el último Govern de Jaume Matas) ha reafirmado en una reciente declaración judicial como imputada en la investigación sobre el supuesto amaño de la adjudicación de Son Espases, que fue el ex presidente Matas quien dio instrucciones para manipular el concurso.
Castillo se reafirmó ante el juez Castro, quién durante la primera semana de septiembre iniciaba una ronda de declaraciones de sobre el ‘caso Son Espases’. Castillo dijo que Matas le indicó “que habría un problema político» si la concesión no recaía en manos de Dragados, perteneciente a ACS, de Florentino Pérez.
Durante su comparecencia judicial, a lo largo de una hora y media, Castillo relató que inicialmente Matas ordenó que la adjudicación se decantase a favor de OHL, presidida por el ex ministro Luis Miguel Villar Mir, pero que dio marcha atrás cuando la noticia del supuesto trato de favor se filtró a la prensa.
Fue entonces, según las palabras de la imputada al juez José Castro, cuando Jaume Matas le comentó los inconvenientes que se producirían si la obra de tal «envergadura» no se adjudicaba a Dragados. Así explicaba la ex consellera el cambio de dirección de los acontecimientos en ese proceso
9.000.000 de euros
Precisamente, el ex concejal de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, manifestó ante el Ministerio Público cómo Jaume Matas reclamó una cantidad de hasta nueve millones de euros a Florentino Pérez a cambio de serle adjudicadas las obras del que es actualmente el macro hospital de referencia de Baleares.
Castillo recordó que el ex presidente le dio un sobre (que ni miró, ni se quedó copia) que se limitó a entregar «a un tercero», por lo que ha manifestado no poder aportar más información.
Según las investigaciones, en el sobre que constaban las instrucciones para que la empresa ganadora fuese OHL.
La UTE de Dragados, FCC, Melchor Mascaró S.L. y Llabrés Feliu S.A. se hizo con las obras. OHL interpuso una demanda en mayo de 2007 contra la decisión del IbSalut, así como contra el encargo de este organismo público para que los Colegios Oficiales revisaran la valoración económica de las distintas ofertas.
Alegó la demanda que en el informe realizado por Global PM se afirmaba que, aun siendo la más cara, la mejor oferta era la de OHL «pues la diferencia en la oferta técnica es enorme». Pese a ello, recriminaba que el Colegio de Ingenieros alterase el sistema de calificación y apuntase a Dragados como la mejor opción.
Otra de las declaraciones que tomó la primera semana de septiembre el juez Castro fue a quien fuera director gerente del IbSalut en la etapa de Jaume Matas, Sergio Bertrán, quien atribuyó al ex presidente el presunto amaño del proceso, en la misma línea de la ex consellera de Salud Aina Castillo.
Criterios técnicos
Durante su comparecencia ante el juez instructor Bertrán recordó que Castillo le dio un sobre que, a su vez, entregó al entonces presidente de la mesa de contratación de las obras, Juan Sanz -ya fallecidoy que contenía los criterios técnicos para que el concurso fuese manipulado y decantado a favor de la empresa OHL.
Bertrán dijo ante el juez que en ningún momento abrió el sobre, sino que supo de su contenido durante una conversación posterior con Castillo –quien también se enteró después de qué escondía–. La propia ex consellera ha recordado que el ex presidente le dio un sobre que «no miró».
Sergio Bertrán no hizo referencia a las posibles comisiones millonarias que Matas habría exigido a cambio de la adjudicación, que finalmente recayó en manos de la UTE de Dragados, FCC, Melchor Mascaró S.L. y Llabrés Feliu S.A.
Los investigadores tratan de esclarecer también el crecimiento del presupuesto inicial. Bertrán y Castillo confirmaron de este modo semana pasada sus anteriores declaraciones.
Tras estas se espera que el juez castro retome los interrogatorios el 16 de septiembre, día en que espera interrogar a Jaume Matas y al propietario de la consultora Global PM, Jesús Peinado. Ya el 17, será el turno del asesor de Global PM, Luis Francisco Piña.
Ese mismo día está previsto que acuda a los Juzgados de Palma el presidente de OHL, el ex ministro Juan Miguel Villar Mir y que al día siguiente lo hagan el director de hospitales de OHL, José Magán, y el ex tesorero del PP balear Fernando Areal. En total el juez Castro ha citado a 22 personas sobre el ‘caso Son Espases’.
Entre otros testigos se encuentra el ex concejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien comparecerá el día 23, además de ex altos cargos de la Conselleria de Salud, empresarios y miembros de la mesa de contratación que adjudicó los trabajos de construcción del complejo hospitalario de Son Espases.
El 21 de septiembre declararán Javier Vázquez, Pilar Ramos, Eduardo Inda y Antonio Nicolau, y el 22 será el turno de Carlos García, Joaquín Marcelo Fenollosa, Francisco José Moranta, Santiago Pérez y Juan Antonio Esteban. El 23 han sido citados Gabriel Sampol, Esteban Bardolet y Rodrigo de Santos.
El 24 están citados la exjefa de gabinete de Matas, María Umbert, el jefe de Servicio de la Asesoría Jurídica del Servicio de Salud de las islas, Francisco Ferrer, Margalida Ensenyat y Luis Alegre; el 25, Antonia Estarellas, Bernando Salvá, Juan Seguí y José Corcoll, y el 29 Alfredo Rubén Fernández y José María Fiol.
En la querella interpuesta por estos hechos y admitida por Castro, el fiscal Pedro Horrach dice que en el concurso «la perversión alcanza su máximo exponente» y que tras la «realidad formal» de este expediente administrativo hay «una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas con finalidades espurias».
