Redacción. Prohibición de la Generalitat con el pretexto de poner orden. Los estudiantes que escojan estudiar Ciencias de la Salud en una de las tres universidades privadas de la Comunitat no podrán hacer prácticas en hospitales públicos a partir del curso que viene. Esa es la decisión que han tomado las consellerias de Sanitat y d’Educació. Ambas instituciones alegan que lo que se pretende es «poner orden en el caos administrativo heredado de la anterior administración del PP”. Según desvelan fuentes de la Generalitat, se estaba produciendo una situación «irregular» con «convenios caducados» con centros privados y funcionarios públicos que no estaban cumpliendo la Ley de incompatibilidades al utilizar horas de su trabajo en el sistema de salud público para tutorizar a alumnos de una universidad privada.
Se trata de una vuelta de tuerca más del Consell a todo lo que huela a concertado o privado, en este caso un ataque frontal en su relación con las universidades privadas. Anteriormente, sus alumnos ya se quedaron sin ayudas públicas en forma de becas tras la Orden promovida por Educació.
Limitación
En concreto, quienes inicien los estudios de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Biotecnología, Farmacia o Psicología Clínica en el CEU San Pablo, la Universidad Católica de Valencia o la Universidad Europea sólo podrán completar su preparación en hospitales privados acreditados para la docencia universitaria, que en concreto son los de Alzira, Elche, Torrevieja, Dénia y algunas especialidades del Hospital 9 d’Octubre de Valencia.
Así lo han aseverado los consellers de Sanidad Universal y Educación, Carmen Montón y Vicent Marzà, que comparecieron el pasado 31 de mayo junto al rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, en representación de la Conferencia de rectores de las universidades públicas valencianas, y la vicepresidenta de la organización territorial del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Andrea García. Esta medida afectará a los nuevos matriculados en las universidades privadas.
Para el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, «es una medida discriminatoria en tanto en cuanto la ley orgánica que regula el ámbito universitario no establece diferencias a la hora de realizar las prácticas por parte de los alumnos provenientes de universidades públicas o privadas». Salut i Força se ha puesto en contacto con Ávila, quien asegura que «además podríamos decir de esta medida que tiene poco tacto social, dado que en el caso de Enfermería va a generar profesionales de primera y de segunda categoría, puesto que uno de los pilares básicos de la formación enfermera, por no decir el fundamental, se desarrolla en el ámbito de la atención primaria, que solo está desarrollado adecuadamente en el sector sanitario público».
