Horacio Bernal /
La Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos del Parlament de les Illes Balears, celebrada en la tarde del jueves 29 de septiembre ha aprobado una proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para reconocer y adoptar medidas de reparación moral, social y económica a las víctimas de la talidomida en Baleares.
Como ha explicado el diputado socialista Jaume Garau, la talidomida fue un medicamento que ocasionó malformaciones entre casi 1.500 y 3.000 personas en Baleares en los años 60, aunque este período podría ser mayor. Desde entonces las víctimas de este fármaco han desarrolla acciones para que les fueran reconocidos sus derechos y ser compensados sus perjuicios.
Esos esfuerzos no han recibido mucha respuesta por parte de las instituciones públicas. El Estado comenzó a afrontar el problema en 2006. Los socialistas han instado al Govern balear «a que haga justicia histórica para que las personas afectadas puedan ver reconocido su derecho a ser diagnosticadas sobre la causalidad que ha generado sus malformaciones y su derecho a una reparación”, apuntó Garau.
Los socialistas han solicitado que se reconozcan y reparen los daños ocasionados a los afectados durante su vida y que se inste al Gobierno de España a presentar una demanda judicial contra el laboratorio alemán Grünenthal, como principal responsable del mal ocasionado a las víctimas de este medicamento.
Por otra parte, la Comisión de Asuntos Sociales también ha aprobado una proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para instar al Govern a rescatar la residencia Sa Serra (Sant Antoni, Eivissa). Según ha denunciado el diputado Enrique Casanova, se vienen dando repetidos episodios de falta de atención y mantenimiento por parte de la empresa privada que la gestiona y de denuncias por parte de los familiares de los usuarios.
La residencia cuenta con 70 plazas de carácter público, 24 de gestión totalmente privada y 20 plazas más de un centro de día también privadas. Por ello, Casanova ha pedido al Goven balear que siga con la recuperación la gestión pública de esta residencia cuando termine el contrato con la empresa que lo gestiona y “que se traspase la gestión de los beneficios y del personal de esta instalación en el Consell Insular d’Eivissa, que es quien realmente tiene la competencia, siempre y cuando tenga la dotación económica adecuada”.
