Juan Riera Roca /
Las agresiones a médicos aumentaron un 37,12% en 2016, con 495 casos, según el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), que ha registrado, en 6 años, 2.914 agresiones a médicos.
En este último año, los datos registrados revelan un notable crecimiento de estas conductas violentas en el ámbito sanitario (354, 344, 361 y 495 agresiones en 2013, 2014, 2015 y 2016), lo que supone un repunte en la tendencia descendente desde 2010 (451).
La corporación colegial considera positivo que este tipo de conductas violentas se comuniquen, aunque lamenta que, en muchos casos, tienen relación con situaciones que se vienen denunciando como la masificación de las urgencias, la falta de equidad en la atención sanitaria, el aumento de las listas de espera o la precariedad laboral de los profesionales.
La OMC, junto con los 52 Colegios de Médicos de toda España, puso en marcha este Observatorio a raíz de la muerte, en 2009, de la Dra. María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente en el centro de salud de Moratalla (Murcia).
La concienciación a los profesionales, la cooperación con las Administraciones públicas, Policía y Fiscalía, y la sensibilización de la sociedad en general ante este grave problema, ha sido de gran ayuda para abordar esta lacra que requiere de la unidad de todos.
La entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, de la reforma del Código Penal que contempla las agresiones a sanitarios que trabajan en el sector público como delito de atentado contra la autoridad, ha sido el logro más importante en la lucha contra este problema.
Sin embargo, desde la OMC se considera que es necesario que esto se extienda a los profesionales que trabajan en la sanidad privada, sector en el que en 2016 se han producido el 13% de las agresiones registradas a través de los colegios de médicos.
Por ello, desde el Observatorio se sigue trabajando para que las agresiones a sanitarios sean consideradas como violencia social, delito contra la autoridad tanto si se producen en el ámbito público como en el privado y para que sean penadas con los mismos criterios en todas las CCAA.
El hecho de que ya se haya fallado sentencias sobre agresiones en base a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y no del Código Penal, responsabilizando a la Administración sanitaria pública de la falta de medidas de prevención, es otro paso importante.
Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, injurias y/o vejaciones centran la mayor parte de las 2.914 agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España en los seis últimos años, según los datos del Observatorio.
De los 495 casos de violencia que se contabilizaron en 2016, el 13,4% de ellos acabó con lesiones, un 28,6% menos que el año anterior, el 45,7% fueron insultos y el 40,9% amenazas. Las acciones del Observatorio están encaminadas, en primer lugar, a evitar en la medida de lo posible estas agresiones que, además de repercutir gravemente en la salud y en la calidad de vida del profesional agredido, afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar que hay que cuidad y utilizar de forma responsable.
El Observatorio Nacional de Agresiones recoge las comunicaciones recibidas en los Colegios de Médicos de agresiones a médicos. Con estas y de forma anual, se analizan a través de un estudio los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, del agredido como del agresor (sexo, edad, especialidad, lugar, etc.), así como las denuncias que, desde los Colegios, se derivan por vía judicial. Este Observatorio trabaja en un tratamiento multidisciplinar del problema para establecer todas las medidas preventivas necesarias contra la violencia en el ámbito sanitario.
Por ello, ha auspiciado los convenios firmados con Fiscalías y Administraciones autonómicas en diversas comunidades autónomas que han servido, sin duda, para avanzar en procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes, en los que la consideración como delito de atentado contra la autoridad pública ha sido esencial. De este modo, se ha logrado que se unifique la tipificación judicial para que las agresiones sean penadas con los mismos criterios en todas las comunidades y así evitar que sean consideradas delito, en unos casos, y falta, en otros.
En el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, los doctores, Serafín Romero y Juan Manuel Garrote, presidente y secretario general de la OMC, respectivamente, y José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones, han hecho públicos estos datos.
Los datos de violencia registrados en 2016 ascienden a 495 casos frente a los 361 del año anterior, lo que supone un incremento del 37,12%. Por comunidades autónomas, las que han registrado un mayor número de agresiones denunciadas en los colegios han sido Cataluña (109), Andalucía (102) y Madrid (99), aunque la incidencia mayor por mil colegiados se ha producido en Melilla, Extremadura y Ceuta.
Del estudio, se desprende un porcentaje mayor de agresiones a mujeres según sexo: el 58,38% de los agredidos son mujeres y el 41,62% hombres. En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas violentas, con un 87% de los casos, mientras que en el sector privado se han producido el 13%, experimentando este último un ligero descenso respecto al año anterior (14%).
Y, por sexo, en el sector público, el 58% de los agredidos son mujeres y el 42% hombres y, en el sector privado, el 48% fueron hombres y el 52% mujeres.
Y, sobre el ámbito donde se produce la agresión, sigue siendo la Atención Primaria la que se lleva la mayor parte (55%), frente a la Hospitalaria (17%); las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria tienen un porcentaje de un 10% y un 18% cada una de ellas. De los agresores, el 71,5% son pacientes, el 26,6% son familiares y el 1,8% pacientes desplazados.
En cuanto a las causas principales de las agresiones, el 42,8% se producen por discrepancias en la atención médica; el 15% por el tiempo en ser atendido; el 11,1% por no recetar lo propuesto por el paciente; el 11,1% por discrepancias personales; el 9,3% por informes no acordes a sus exigencias; el 6,3% en relación a la incapacidad laboral; el 4,5% por el mal funcionamiento del centro; y el 18% por otras causas.
Del total de agresiones, en el 13,4% de los casos provocaron lesiones, de las cuales el 41,2% fueron físicas y el 41,2%, psíquicas y el 16% conllevaron baja laboral, cifra similar al 15,5% del año anterior.
En 2016, desde el Observatorio se analizaron 76 sentencias, de las cuales, 56 fueron condenatorias; 16 absolutorias y en 4 se llegaron a acuerdos. 64 fueron falladas como delitos leves; 9 como delitos graves y 9 como falta por lesiones, amenazas, maltrato o falta de orden público.
De todas ellas, a 18 se ha impuesto prisión y 27 conllevaron privación y derecho de inhabilitación; y la mayor parte; 48, multas, en la mayoría de los casos, de una cuantía insignificante; 7 medidas de seguridad y otras 7 diversos tipos de pena.
El análisis de estas sentencias muestra una gran variabilidad en la falta de unificación de criterios por parte de los órganos judiciales a la hora de tipificar las agresiones por lo que el Observatorio trabaja para que se unifique la tipificación judicial en todas las comunidades
Como cada año, el Observatorio de Agresiones ha hecho público un Manifiesto en el que hacen un llamamiento a todos los agentes intervinientes para que tomen las medidas necesarias para proteger a los profesionales y, con ellos, al conjunto del sistema sanitario, un bien público que hay que cuidar y utilizar de forma responsable.
