Juan Riera Roca /
El Consell de Govern se ha dado hoy por enterado del inicio del procedimiento administrativo para contratar la redacción del proyecto básico y la dirección facultativa de las obras de derribo de una parte de los edificios del antiguo Hospital Son Dureta. Este procedimiento está condicionado por la autorización definitiva de la Tesorería General de la Seguridad Social, que tiene la titularidad del antiguo complejo hospitalario. Este expediente de contratación tiene un coste de 219.025 €, con cargo a los presupuestos de la CAIB para 2017, 2018, 2019 y 2020.
Esta primera actuación consiste en la redacción del proyecto para derruir una parte de las edificaciones, concretamente el edificio de Consultas Externas, el Hospital Materno-Infantil y el inmueble donde estaban la cocina y los vestuarios. La estimación del tiempo requerido es de 28 meses, divididos en dos fases: en la primera fase se redactará la documentación necesaria para el derribo y en la segunda se ejecutará la demolición. Una vez finalizado el derribo, el nuevo proyecto de remodelación prevé construir un edificio rectangular de 35.000 m2.
El Govern puso en marcha hace pocos meses un proceso de participación con asociaciones de pacientes, profesionales y colectivos implicados para recoger sus aportaciones, y está pendiente de la autorización definitiva de la Tesorería General de la Seguridad Social para poder licitar el proyecto. El Hospital Son Dureta fue el centro sanitario de referencia de las Illes Balears hasta 2010, fecha en que se puso en servicio el Hospital Universitario Son Espases. La actividad asistencial de Son Dureta cesó definitivamente en 2012.
El pasado mes de febrero, el Govern anunció la recuperación de este espacio para destinarlo a la atención integral de pacientes con enfermedades crónicas y a la atención a la dependencia. La recuperación de Son Dureta permitirá disponer de 76.000 m2 de infraestructuras, 450 camas y 120 plazas residenciales. La dotación económica necesaria para consolidar este proceso –tan necesario para atender las nuevas demandas asistenciales de personas con problemas de cronicidad –depende ahora de la mejora de la financiación por el Estado.
