Nada de eso ocurre en España, y lo hemos vuelto a comprobar en el caso Minerval. Hace apenas unos días, tal como recoge Salut i Força en su presente edición, el Juzgado de Instrucción 9 de Palma ha instruido el archivo de las diligencias iniciadas en su momento contra los catedráticos Pablo Escribá y Xavier Busquets. Sin embargo, mucho antes de que estos dos científicos, impulsores y promotores de un producto relacionado con los procesos oncológicos y denominado Minerval, hayan sido respaldados por las instancias jurídicas, ya habían sido objeto, y en repetidas ocasiones, de la peor de las condenas, que no es otra que aquélla que se efectúa sin disponer de ninguna prueba fehaciente en la mano.
De investigadores eminentes y respetados, los profesores Escribá y Busquets pasaron a ser considerados dos auténticos parias en la comunidad científica balear, además de mercenarios sin escrúpulos cuyo desesperado afán por el lucro pasaba por delante de cualquier tipo de planteamiento moral, ético y profesional. Nada de eso era realidad. Lo acaba de decir el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma. Pero, pese a la extraordinaria satisfacción personal que, sin lugar a dudas, esta resolución les debe haber producido, ¿quién les devuelve ahora a ambos científicos el prestigio, el honor y el reconocimiento perdidos? ¿Quién les compensa por las páginas de periódicos y los minutos televisivos en los que se ha cuestionado su integridad humana y profesional? ¿Quién les retorna la tranquilidad de espíritu que se ha visto engullida por el fantasma de la infamia, tras meses de ver sus nombres y sus carreras arrastrados por el fango mediático?
La respuesta es que no existe compensación posible para tanta injusticia. Ni siquiera el perdón es una alternativa factible, tanto más cuanto esas disculpas no se están produciendo en la medida que sería esperable por quienes no han tenido ningún rubor en saltarse a la torera el principio sacrosanto de la presunción de inocencia. En Salut i Força no lo hemos hecho. Y nos enorgullecemos de ello.