El titular del Juzgado de Insrucción 9 de Palma dictó el pasado viernes 8 de septiembre el archivo del llamado ‘caso Minerval’, la supuesta venta de un producto aún no catalogado como fármaco por dos catedráticos de la UIB, al considerar el magistrado que «no queda debidamente justificada la perpetración del delito de estafa objeto de la denuncia”.
En la resolución, el juez destaca la doctrina del Tribunal Supremo en tanto a que el delito de estafa «requiere como elemento esencial para su existencia la concurrencia del engaño que debe ser suficiente, además de precedente o concurrente con el acto de disposición». La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación.
Sufre así un varapalo la llamada Operación Arpía, en la cual la Policía señalaba que los doctores Pablo Escribá y Xavier Busquets, catedráticos de Bioquímica y diseñadores de la molécula patentada como Minerval, eran sospechosos de vender el producto como un fármaco anticancerígeno, cuando aún no habían sido probados sus efectos.
El Minerval se halla en estos momentos en la segunda fase de ensayo clínico –por lo que aún, si este proceso se culmina con éxito –falta mucho tiempo para que pueda ser comercializado como fármaco, por lo que Escribá y Busquets no podrían haberlo vendido aún, ni prescrito (ya que solo un médico puede prescribir) para enfermos de cáncer.
Con todo, durante la investigación judicial no se encontraron testigos que avalaran esas investigaciones, sino personas que sabían que el producto estaba en ensayo y que dijeron que no se les exigió dinero en ningún momento. La investigación nació de un informe que se recibió en la UIB de oncólogos de Son Espases y que se remitió a la Fiscalía.
Los doctores Escribá y Busquets fueron apartados de la docencia cuando se conoció que la Policía había llegado a llamarlos para que prestaran declaraciones como investigados y que toda la documentación había sido enviada al Juzgado de Instrucción, cuyas gestiones han concluido –sin embargo –con el archivo.
Cuando el viernes 8 se supo del archivo de la causa en la UIB, el vicerrector Jordi Llabrés valoró satisfecho la noticia, aunque con cautela, y avanzó que se estudiará el auto antes de tomar medidas.
Busquets y Escribá habían recurrido la suspensión. Ahora desde la UIB se admite que el archivo deberá pesar a la hora de resolver ese recurso.
