Juan Riera Roca /
La consellera de Salut del Govern balear, Patricia Gómez, asiste hoy al Pleno del Consejo Interterritorial del Salud, convocado por el Ministerio de Sanidad, donde se hablará la prescripción enfermera y medidas para paliar la carencia de médicos en el sistema sanitario público.
Gómez ha informado que de aquí a cinco años se habrán jubilado 329 médicos y el Ibsalut ya contempla, a corto plazo, dificultades para cubrir plazas de pediatras, anestesistas, radiólogos, reumatólogos, médicos de familia, neurocirujanos, cirujanos plásticos y cirujanos pediátricos.
“Hay que estudiar medidas para incentivar y fidelizar a los profesionales, sobre todo para compensar la insularidad”, ha insistido la consellera de Salut, partidaria de considerar incrementos salariales y adaptaciones horarias de la jornada y así lo ha reclamado en el Pleno de hoy.
En cuanto a la reforma del Decreto de prescripción enfermera, la consellera balear considera positivo que se haya llegado a “un mínimo consenso”, pero ha insistido en que no resuelve realmente los problemas de los usuarios ni mejora la práctica clínica, tras el primer decreto que modificó la prescripción.
Gómez ha indicado que la solución más adecuada habría sido modificar la Ley 29/ 2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, incorporando a las enfermeras como prescriptoras en el ámbito de sus competencias.
Respecto a la atención a las personas afectadas por la talidomida –otro tema del Consejo –Gómez ha pedido disculpas por el hecho de que hayan tenido que suspenderse citas a la espera de consensuar el protocolo de actuación con el resto de comunidades, a petición expresa del Ministerio de Sanidad.
La consellera ha lamentado que el Ministerio no haya incluido en el orden del día de la reunión varios puntos planteados por el Govern balear, como la petición de derogación del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril: medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
También están en ese paquete no abordado las medidas para mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones, las propuestas de reforma del sistema de financiación autonómica o la elaboración de un plan integral de lucha contra el tráfico de personas con fines de explotación sexual.
