Cuando empieza el año ocho y un personaje de cuento como Úrsula Mascaró tiene que dejar el dedal y el hilo de coser zapatos para levantar su lengua menorquina es que algo se mueve, es que algo grave está pasando en nuestro quiosco. La empresaria mundial encabeza un grupo de personas locales, apolíticas, que ensuelan la vida a la realidad, que prefieren vivir a teorizar sobre lo que cada uno siente, que teniendo el menorquín como lengua han llegado al límite de tener que elegir entre morir por una lengua o enfermar a costa de ella. El éxodo de los profesionales sanitarios a los que se les exigen requisitos lingüísticos es una realidad que están demostrando andando. Se mueven, nos movemos calzados de algo que excede la grandeza de lo que cada uno ha heredado y que tristemente se está convirtiendo en una forma sencilla de practicar la xenofobia. Cuando el sensible señala a las estrellas el oligofrénico mira al dedo, y cuando los ciudadanos pedimos una sanidad de calidad y un personal asistencial preparado y sensible, los subnormales miran a la lengua, miran a lo que envuelve las palabras, miran al tono que tienen los versos deprimiendo el contenido. Miran en definitiva la forma de poner impedimentos para que el envoltorio de la idea y del contenido prevalezca sobre el sentido del acto, sobre el acto mismo. O le das a la lengua o te curas: elige. Cuando asistes a este tipo de movidas políticas estériles la única lengua que se ve es la de políticos irresponsables que buscan en los demás lo que no son capaces de encontrarse en ellos mismos.
Cuando asistimos al decretazo lingüístico de la imposición del requisito del catalán a los trabajadores de la sanidad balear, asistimos a un imperativo que no existe en el Estatuto de Autonomía, a una obligación inventada y curiosamente sometida a la Constitución Española que establece que la lengua oficial del Estado es, por lo menos, el español. Resaltar el derecho a hablar no es compatible con el imperativo de hacerlo. Que los poderes públicos promuevan y garanticen el uso de nuestra lengua cooficial no les exime, por lo menos, del obligado cumplimiento de las mismas obligaciones que imponen.
Claro que tenemos nuestra lengua cooficial, pero no la utilizamos contra nadie, ni como instrumento de selección étnica, ni como distintivo ni mucho menos como barrera que pretende fomentar el localismo frente al conocimiento de la ciencia médica.
¿Por qué motivo antes de exigir el requisito de la lengua catalana al personal sanitario, este gobierno catalanista no se impone la obligatoriedad de que todos los cargos electos (consellers, diputados, concejales, secretarios generales, de directores generales a gerentes y cargos de empresas públicas) sólo puedan ser elegidos cuando tengan el nivel LA, lenguaje administrativo? ¿Por qué no se aplican de forma sobrevenida lo mismo que aplican a los médicos y cesan obligatoriamente todos los que no tengan esa titulación?
No es que no queramos catalán, es que queremos que se lo apliquen con la misma intensidad. Ese es el antídoto que se necesita para entender quién nos enferma y de quién necesariamente tenemos la obligación de curarnos. Moviéndonos.
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