
Médico-Forense Especialista en Medicina Legal.
@Alarconforense
Cuando asistimos al decretazo lingüístico de la imposición del requisito del catalán a los trabajadores de la sanidad balear, asistimos a un imperativo que no existe en el Estatuto de Autonomía, a una obligación inventada y curiosamente sometida a la Constitución Española que establece que la lengua oficial del Estado es, por lo menos, el español. Resaltar el derecho a hablar no es compatible con el imperativo de hacerlo. Que los poderes públicos promuevan y garanticen el uso de nuestra lengua cooficial no les exime, por lo menos, del obligado cumplimiento de las mismas obligaciones que imponen.
Claro que tenemos nuestra lengua cooficial, pero no la utilizamos contra nadie, ni como instrumento de selección étnica, ni como distintivo ni mucho menos como barrera que pretende fomentar el localismo frente al conocimiento de la ciencia médica.
¿Por qué motivo antes de exigir el requisito de la lengua catalana al personal sanitario, este gobierno catalanista no se impone la obligatoriedad de que todos los cargos electos (consellers, diputados, concejales, secretarios generales, de directores generales a gerentes y cargos de empresas públicas) sólo puedan ser elegidos cuando tengan el nivel LA, lenguaje administrativo? ¿Por qué no se aplican de forma sobrevenida lo mismo que aplican a los médicos y cesan obligatoriamente todos los que no tengan esa titulación?
No es que no queramos catalán, es que queremos que se lo apliquen con la misma intensidad. Ese es el antídoto que se necesita para entender quién nos enferma y de quién necesariamente tenemos la obligación de curarnos. Moviéndonos.