Por un lado, ya nadie podrá decir que no se puede presentar a las oposiciones para acceder a plazas laborales en el sistema de salud por no acreditar un conocimiento determinado de la lengua catalana. Por otro, se establece un periodo de tiempo más que razonable, de dos años concretamente, para obtener la acreditación requerida. Y si con esto no bastara, dicha acreditación se rebaja considerablemente en relación a las exigencias anteriores.
Y eso no es todo. Si en los dos años que se conceden de moratoria, el profesional tampoco acredita el nivel exigible de catalán, se verá afectado en los procesos de movilidad y en el acceso la carrera profesional, pero en ningún caso perderá la plaza que ha ganado en las oposiciones.
Francamente, los requisitos establecidos por el Govern no parecen imposibles de cumplir para trabajadores públicos a quienes cabe suponer un nivel de preparación y de capacidad más que suficientes. El Servei de Salut, encabezado por su director general, ha demostrado cintura y capacidad de negociación. Ojalá que las demás partes sigan este mismo ejemplo.
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Con la gran presión asistencial que hay en Baleares, con los ratios más altos de España, y la falta de médicos existentes, el poco tiempo de estudio que queda, tendría que ser dedicado a ponerse al día en medicina. Y dejarse de lenguas autonómicas, que nada curan. El problema no es el entendimiento médico/paciente, sino el nacionalismo existente en la clase política actual. Y no dudan en destruir algo que funciona correctamente, únicamente por sus intereses políticos. Una desgracia que existan seres de tan poco valor humano y escasa preparación universitaria dedicados a la política.