Juan Riera Roca /
El Consell de Govern de hoy, ha aprobado, a propuesta de la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria, el Proyecto de Ley de promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en las Illes Balears, marco de actuación que posibilite la reducción de los índices de siniestralidad en el trabajo.
Para ello se desarrollará esta ley, una vez superado el trámite parlamentario, en el ámbito de la comunidad autónoma, mediante la adopción de un conjunto de medidas dirigidas a la sensibilización, la formación y la promoción de la seguridad y la salud laboral.
El Proyecto de ley establece el desarrollo y el régimen jurídico del Instituto Balear de la Seguridad y la Salud Laboral (IBASSAL) como organismo autónomo con personalidad jurídica propia y que se configura como órgano científico y técnico en materia de prevención de riesgos laborales de la CAIB.
El nuevo organismo autónomo tiene el doble propósito de contribuir a la reducción de la siniestralidad y al estudio de las enfermedades profesionales que actualmente pasan desapercibidas como contingencias comunes. El IBASSAL llevará a cabo una actividad preventiva y hará su seguimiento.
Asimismo, asesorará, colaborará y prestará apoyo técnico y pericial en la materia. El instituto también ejecutará planes y programas de prevención, coordinará las competencias en salud y salud laboral, y promocionará la igualdad entre mujeres y hombres en la prevención.
Este instituto está integrado por una presidencia, una vicepresidencia y una dirección, como órganos unipersonales; también, por el Consejo de Dirección y el Consejo Rector de Salud Laboral, como órganos colegiados. Se crea la Unidad de Enfermedades Profesionales, que llevará a cabo actividades de investigación, estudio y control, órgano de asesoramiento.
Está previsto que en el Consejo de Dirección, órgano superior colegiado, participen dos representantes de las organizaciones más representativas en el ámbito sindical y empresarial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, además de representantes de la CAIB.
El Consejo Rector de Salud Laboral, será un órgano de participación tripartito y paritario, representado por las administraciones y los agentes económicos y sociales más significativos de las islas. Este órgano asesor será consultivo y de participación.
Estará compuesto por representantes de la CAIB; de los consells insulars; un representante de la FELIB; doce integrantes de las organizaciones sindicales más representativas, y otros doce de las organizaciones empresariales más importantes del territorio.
El Proyecto de ley también desarrolla medidas para promover la sensibilización sobre los valores de la seguridad y la salud en el trabajo, como la promoción y divulgación de valores relativos a la seguridad y salud en el trabajo en la educación, así como campañas públicas.
Estas campañas, con participación de los medios de comunicación, han de favorecer la integración de la prevención de riesgos laborales como hábito social, y acciones promocionales que fomenten la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
Se prevé la incorporación de contenidos relativos a la prevención de riesgos laborales en la enseñanza de régimen general, como educación infantil y básica, formación profesional, enseñanza universitaria, educación de personas adultas y formación del profesorado.
Así, se propone la exigencia de que, en la declaración del personal técnico o las unidades técnicas de que disponen las empresas para la ejecución del contrato, se haga una mención específica al personal que tiene que ejercer funciones en materia de riesgos laborales.
Asimismo, se establece como requisito para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria disponer de un sistema de gestión preventivo y no haber sido sancionado en los últimos tres años por materias relacionadas con la prevención de riesgos laborales.
Finalmente, se establece la acreditación de la solvencia técnica en determinados contratos y condiciones especiales de ejecución. Con iniciativas como ésta se garantiza que las empresas que puedan ser proveedoras de las administraciones públicas cumplan con los requisitos de seguridad laboral.
