A nadie ha cogido por sorpresa que una de las primeras medidas del nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez haya sido el retorno de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular, que fue anunciado, tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes, por parte de la portavoz del gabinete, Isabel Celaá.
Eso sí, la medida no se aplicará automáticamente, porque cabe recordar que la mayor parte de las competencias en materia sanitaria residen en las Comunidades Autónomas, y eso exige, como señaló la portavoz, y también ministra de Educación, que se abra un “proceso dialogado” que culmine con la derogación definitiva del Real Decreto que el anterior Ejecutivo del PP aprobó en 2012.
La polémica medida, adoptada en los tiempos más severos de la crisis económica, concitó la oposición de las comunidades autónomas no gobernadas por los populares, entre ellas Balears, donde, como ocurrió también en otros territorios, la presidenta, Francina Armengol, se apresuró a anunciar la recuperación, por cuenta y riesgo del Govern, de las tarjetas sanitarias. Incluso algunos de los gabinetes encabezados por el PP mostraron, aunque fuera veladamente, su disconformidad.
A partir de aquí, se abre un nuevo escenario. La administración central y las autonómicas ya no tendrán que andar a la greña por un tema especialmente delicado y sensible. Ahora bien, es importante, además de justo, hablar con propiedad: con Real Decreto o sin él, y por mucho que algunos se empeñen en afirmar lo contrario, el sistema sanitario público español nunca ha dejado de prestar asistencia médica a ningún ciudadano.
Otra cuestión es que la vía asistencial escogida se diversificara en función de la situación legal y administrativa del paciente, relegando a determinados perfiles de inmigrantes a una coyuntura de mayor precariedad que las nuevas disposiciones gubernamentales tenderán a eliminar.
