Juan Riera Roca /
El Parlament de les Illes Balears aprobó el pasado martes 24 de julio la Ley de promoción de la Seguridad y la Salud en el trabajo en las Illes Balears, que es el primer texto normativo de estas características en la Comunidad, y que se empezó a tramitar a finales del mes de abril. Los principales objetivos son la reducción de los elevados índices de siniestralidad y mejorar los mecanismos para la detección de enfermedades profesionales, en especial en la hostelería.
La Ley establece la creación y regulación del Instituto Balear de la Seguridad y la Salud Laboral (IBASSAL), que quedará adscrito a la Dirección de Trabajo y Salud Laboral, y que permitirá una mejor coordinación con las autoridades sanitarias. El IBASSAL es un organismo autónomo con personalidad jurídica propia, que se configura como órgano científico y técnico en materia de prevención de riesgos laborales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
El IBASSAL llevará a cabo una actividad preventiva y hará un seguimiento; el instituto también ejecutará planes y programas de prevención, coordinará las competencias en salud laboral, y promocionará la igualdad entre mujeres y hombres en materia de prevención. Con el IBASSAL se creará también la Unidad de Enfermedades Profesionales, que llevará a cabo actividades de investigación, estudio y control de enfermedades profesionales y será órgano de asesoramiento.
La Ley también promueve la sensibilización sobre los valores de la seguridad y la salud en el trabajo, como la promoción y divulgación de valores relativos a la seguridad y salud en el trabajo a la educación, campañas públicas de sensibilización que empleen los medios de difusión necesarios para favorecer la integración de la prevención de riesgos laborales como hábito social, y acciones promocionales que fomenten la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
En cuanto a las medidas para el fomento de la formación en seguridad y salud en el trabajo, se prevé la incorporación de contenidos relativos a la prevención de riesgos laborales en la enseñanza de régimen general, como educación infantil y básica, formación profesional , enseñanza universitaria, educación de personas adultas y formación del profesorado.
También, como novedad, se introducen medidas de promoción de la seguridad y la salud en materia de subvenciones públicas y contratación administrativa.
Con ello se exige que, en la declaración del personal técnico o unidades técnicas de que disponen las empresas para la ejecución del contrato, se haga una mención específica al personal que debe ejercer funciones en materia de riesgos laborales. En el caso de las subvenciones públicas, se establece como requisito para las empresas adjudicatarias la condición de disponer de un sistema de gestión preventivo y no haber sido sancionado con carácter muy grave en los últimos tres años para materias relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Finalmente, se establece la acreditación de la solvencia técnica en determinados contratos y condiciones especiales de ejecución.
