JUAN RIERA ROCA / La consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, mantuvo el sábado 2 de febrero un encuentro con la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, aprovechando su participación en un acto en Palma, la Jornada de la Salud del Govern balear.
En el encuentro, la consellera ha trasladado a la ministra su satisfacción por el aumento previsto en los presupuestos del Estado en atención a la dependencia para el año 2019; un aumento, sin embargo, que Fina Santiago considera todavía insuficiente, y así se lo ha hecho saber a la ministra.
Fina recordó a Carcedo que durante el año 2018 la CAIB ha asumido el 87% del coste de la atención a la dependencia en las Illes Balears, mientras que la aportación del estado ha sido del 13%, señalando con ello lo que desde su departamento se considera un desequilibrio.
«Aunque se apruebe este aumento en atención a la dependencia previsto en los presupuestos, las comunidades autónomas no llegaríamos a tener una financiación justa y equilibrada», apuntó Fina Santiago, quien propuso un aumento vía decreto ley si no se llegan a aprobar los PGE.
La consellera Fina Santiago trasladó a la ministra Carcedo la petición del Govern de les Illes Balears de revisar y actualizar el importe que recibe del Estado la Comunidad Autónoma para hacerse cargo de la gestión de las pensiones no contributivas (PNC), que se ha reducido de 380.000 € a 3.800 € anuales sin justificación ni negociación.
También le recordó la petición de gestionar de manera progresiva todo el dinero recaudado en las Illes Balears a través del 0,7% del IRPF. Actualmente, la recaudación total por este concepto en Balears es de unos 7,8 millones de euros, pero el gobierno autonómico sólo gestiona 3,6 millones.
Esta reclamación de gestionar el 100% del importe recaudado tiene el apoyo de las entidades del tercer sector social de las Illes Balears. La responsable autonómica solicitó que el Ministerio convoque los responsables autonómicos a una reunión para resolver este desequilibrio
La consellera Santiago ha propuesto a la ministra otras medidas, como son excluir el complemento de la pensión no contributiva (Tarjeta Básica), las rentas sociales y las rentas mínimas del cómputo de rentas e ingresos, para que el usuario no pierda el derecho a recibir estas prestaciones.
También pidió unificar el procedimiento de valoración de la discapacidad y el de la dependencia, y atender las demandas de los colectivos de salud mental y enfermedades degenerativas que se haga el reconocimiento automático del 33% de discapacidad en el momento que se diagnostica.
