Las elecciones autonómicas, insulares y municipales ya se han celebrado (las europeas también, por cierto), los ciudadanos han hablado, y, como se suele decir, está todo el pescado vendido.
Después de semanas y meses de precampañas y campañas, a cada cual más larga y farragosa, a los responsables políticos les queda por delante la ardua tarea de configurar los diversos pactos de gobierno y acordar los programas que se ejecutarán a lo largo de los próximos cuatro años de la legislatura.
La previsible continuidad al frente de las principales instituciones, aunque, si se quiere, matizada en función de los nuevos resultados electorales, de las opciones políticas que ya encabezaron la acción del Ejecutivo en el período 2015-2019, tendrá necesariamente sus efectos en cada una de las áreas de gestión, y, también, por supuesto, en materia de políticas de salud.
De hecho, en la anterior legislatura, el Govern liderado por la socialista Francina Armengol, virtual futura presidenta, también, en esta nueva etapa, apostó por una actuación claramente reformista en la mayor parte de los aspectos cruciales de la administración sanitaria.
Así ocurrió, sin ir más lejos, con Atención Primaria.
Desde la Conselleria de Salut, el equipo a cuyo frente se situaron la consellera Patricia Gómez y el director general del Servei de Salut, el doctor Juli Fuster, centró sus esfuerzos en promover una profunda renovación del primer nivel asistencial, dotándole de más recursos humanos y técnicos, ampliando los horarios de atención a los pacientes, y, muy especialmente, incrementando la potencialidad de los centros de salud en materia de diagnóstico y tratamiento.
Bajo esta actuación, se escondía un objetivo primordial: paliar la saturación asistencial de los centros hospitalarios y, sobre todo, de las áreas de Urgencias, contribuyendo a mejorar la capacidad resolutiva de Atención Primaria. Aún queda mucho camino por andar en este terreno, y, supuestamente, el refuerzo de la puerta de entrada del sistema sanitaria, concluyendo los ambiciosos proyectos actualmente en marcha, será uno de los aspectos cruciales de la política sanitaria en estos próximos cuatro años.
Otro frente en que el Govern de Armengol incidió poderosamente fue la atención a la cronicidad. También en este campo queda mucha senda por recorrer, y, en este sentido, habrá que ver hasta qué punto el nuevo Ejecutivo es capaz de encontrar los recursos económicos necesarios para acometer el que es, posiblemente, su proyecto más ambicioso: la reconversión del antiguo hospital Son Dureta en un gran complejo asistencial orientado a los pacientes crónicos que precisan de largos períodos de ingreso.
Igualmente, esta legislatura deberá consolidar su compromiso con la reforma de la salud mental, sin duda uno de los olvidos históricos más clamorosos de la antigua y la moderna sanidad.
Ahora bien, estos y otros muchos objetivos precisarán de un ingrediente imprescindible: recursos. Y es ahí donde el nuevo gabinete autonómico deberá mostrarse exigente con el Gobierno central para que los ciudadanos de Balears sigamos contando con una atención sanitaria de primera división, a todos los niveles.
Estos recursos que Balears genera, y que en gran medida luego no recibe, han de servir no solo para crear futuros equipamientos e infraestructuras, sino sobre todo para apostar por la piedra angular de cualquier sistema sanitario que se precie: los profesionales.
Sin el dinero suficiente, no será posible cubrir los clamorosos déficits que arrastran determinadas especialidades.
Y también resultará inviable fidelizar la presencia de médicos, enfermeras y el resto del personal asistencial.
La tarea pendiente es ingente, como bien puede comprobarse. Serán, sin duda alguna, cuatro años decisivos para el presente y el futuro de la sanidad balear.
