La crisis de la listeriosis, que, en el momento de redactar estas líneas, está afectando ya a más de 200 personas y ha registrado dos víctimas mortales, ha puesto de manifiesto, otra vez, que por muchos controles y dispositivos que se articulen para garantizar la salubridad de los alimentos que se ingieren, nunca puede considerarse una tarea culminada al cien por cien.
De hecho, nos encontramos, posiblemente, ante uno de los grandes retos de las administraciones sanitarias mundiales: asegurar que todos los productos que el usuario adquiere en supermercados y tiendas de alimentación, o bien consume en bares y restaurantes, no representen el más mínimo riesgo para su salud. Y, si hemos de ser sinceros, tendremos que reconocer que, en las sociedades occidentales, este objetivo se halla casi plenamente consolidado.
Falta el casi, claro. Ahora bien, ¿es posible llegar a un grado de cumplimiento del cien por cien teniendo en cuenta la diversidad y magnitud de la oferta alimentaria, sus innumerables vías y procedimientos de comercialización, y la ingente cantidad de agentes de fabricación y distribución que intervienen en el proceso? Parece difícil, si hemos de atenernos a la realidad objetiva.
Otra cuestión, lógicamente, es que cualquier territorio ha de disponer, en caso de que se produzca una alarma sanitaria como la que ha ocasionado el brote de la listeriosis en España, y muy especialmente en Andalucía, de mecanismos efectivos para cortar de raíz la propagación de una intoxicación alimentaria masiva. Esa es la gran responsabilidad que se debe exigir a los responsables de salud pública, y que estos deben asumir indefectiblemente.
Es bajo este parámetro que, con razón o sin ella, la actuación de la Junta de Andalucía y de su consejero de Sanidad está siendo ampliamente cuestionada. ¿Ha faltado rapidez a la hora de actuar de forma contundente contra el brote nada más detectarse? El Ministerio de Sanidad defiende esta tesis y también, por supuesto, los grupos de oposición de la comunidad andaluza.
Aún así, y sin menoscabo de la legítima defensa de los intereses partidistas, el fuego cruzado que se ha iniciado en España y Andalucía a tenor de la crisis de la listeriosis resultaría difícilmente extrapolable a otros territorios europeos y occidentales, con sistemas democráticos profundamente arraigados.
En estos países, el primer objetivo es, siempre, superar el problema y garantizar la seguridad de la población. Solo posteriormente, con la situación plenamente controlada, se analizan datos, se contrastan informaciones y se formulan conclusiones para, en caso de que corresponda hacerlo, exigir las debidas responsabilidades políticas.
Quizás es esta la definitiva vuelta de tuerca que aún le falta por remachar a la todavía joven democracia española: saber priorizar las actuaciones, y distinguir entre aquello que es importante y aquello que es urgente. Y lo urgente, ahora, es acabar con el brote y frenar su expansión.
El resto de aportaciones obtendrían un acomodo más plausible en un momento futuro.
