JUAN RIERA ROCA / La Clínica Universitaria de la Escuela Universitaria de Odontología ADEMA contará con un avanzado sistema digital para garantizar la prestación jurídica para los profesionales y preservar los derechos de los pacientes. Esta plataforma ha sido presentada esta mañana por el consejero delegado de la Escuela Universitaria ADEMA.
Diego González ha hecho esta presentación acompañado de los directivos de ABR-Uniteco y DS Legal, Amigdio Álvarez (director técnico de ABR-Uniteco), Carlos León (director general de DS Legal) y José Francisco Ruiz (director de la Unidad del Consentimiento Informado), en un encuentro mantenido con los principales representantes de Consumo en Baleares.
A la reunión asistieron el jefe del departamento de la Defensa de los Consumidores y la jefa de Servicio de la Inspección de Consumo de Dirección General de Consumo del Govern balear, Jesús Cuartero y María Eugenia Martín; el presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez; y la vicepresidenta de la Asociación La Defensa de Consumidores y Usuarios de Baleares, Pilar Sánchez Cuenca.
Diego González, ha explicado que “es de suma importancia que nuestra Clínica Universitaria cuente con una plataforma digital que genera los consentimientos informados en formato digital, incluido el documento de Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), para que se pueda archivar y controlar todo desde una interface muy fácil y sencilla de utilizar que incluye la firma digital con plenas garantías legales”.
González ha asegurado que este sistema, entre sus principales ventajas, permite la gestión clínica con varios profesionales adscritos a la misma, y la presentación a los pacientes en un formato digital en una tablet para que se pueda ser revistada in situ y firmada sobre el propio documento con firma manuscrita, incorporando todas las garantías para que quede protegida bajo protocolo notarial.
Además, el consentimiento informado firmado se puede enviar por correo electrónico, se puede entregar en papel y se genera un archivo de documentos de forma automática que se puede guardar al menos durante 5 años una plataforma virtual, restringida sólo accesible ante una acción notarial. Este servicio está desarrollado por la firma ABR-Uniteco y DS Legal.
Permite consentimientos informados actualizados y digitalizados de 38 especialidades, la normalización de los procesos y la forma de comunicar la información, la homogeneización de los modelos desde una fuente fiable, la personalización de los consentimientos adecuados y orientados a los pacientes y el acceso a la mayor base de datos al respecto.
Esta base incluye conocimiento, consentimientos digitalizados y archivados agilizando el proceso, olvidando el papel, y evitando graves problemas tanto para las clínicas como para los profesionales y los pacientes, explicó el director general de DS Legal, Carlos León. Para Diego González, “con un correcto consentimiento informado se consigue una mejora en la prestación jurídica de los profesionales y preservar los derechos de la intimidad de los usuarios de la clínica.”
“Todo queda -añade- registrado de forma digital. Por un lado, el paciente devuelve el consentimiento firmado digitalmente para su almacenamiento con la garantía de la autenticidad de la firma y la imposibilidad de pérdida del documento y el médico tiene la seguridad de que la información proporcionada ha sido la correcta y actualizada. Es básico generar confianza y claridad de información”.
Según los datos facilitados por el directivo de ABR-Uniteco y DS Legal, “más del 70 por ciento de las condenas por mala praxis en España se deben a un defectuoso consentimiento informado o a un error en la gestión de la historia clínica y el 90 por ciento de las quejas de pacientes está vinculada con una insuficiente información”.
Tanto los representantes de la Dirección General de Consumo del Govern balear como los representantes de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, Consubal y La Defensa, han valorado de forma “positiva” este sistema y han realizado diferentes aportaciones para mejorar la información y evitar que haya errores en la gestión del consentimiento informado, centrando su mirada en la defensa de los consumidores y protegiendo sus derechos.
