¿Y tras la sentencia que?
De nuevo emerge, tal como el Guadiana, la cuestión de la acreditación lingüística en la sanidad de nuestra comunidad, suscitando incertidumbre y conflicto político y sindical. Decretazo stop. He ahí la sentencia de hace unos días. Simebal siempre ha sido coherente con su posicionamiento con respecto al requisito de la acreditación lingüística y que por cierto, fue compartido por los ocho gerentes del IB SALUT. En el contexto de que somos una comunidad deficitaria de médicos y que nuestro gran objetivo es la fidelización pero sobre todo la captación de médicos, la imposición política de la acreditación lingüística, tal como viene recogida en la ley del 2016, nos interferiría en la gestión sanitaria, ya que crearía problemas para la contratación. Merito ponderado no requisito e incentivación del aprendizaje lingüístico, tal como hacen varias comunidades. El decretazo vulneraba dos derechos adquiridos ya que vinculaba la acreditación con el acceso a carrera profesional y la movilidad. Parece ser que el decretazo fue un atajo jurídico y que es necesario hacer una ley o desarrollar la disposición transitoria de la ley del 2016. Nosotros, tras un mes de deliberación, decidimos no impugnarlo porque considerábamos que si nos daban la razón se anularía el decreto y por lo tanto se aplicaría la legislación más restrictiva. Bien lo que anticipábamos ha ocurrido. A pesar de las discrepancias con el IB Salut, yo ya manifesté que el director general había sacado petróleo de las piedras ya que rápidamente minimizó el daño que podía acarrear en la gestión sanitaria la presión política sobre la imposición de la acreditación lingüística en la sanidad, valor social que prevalece sobre cualquier acuerdo político de gobierno. Bien, alguien le asesoró mal,- algún día sabremos quien fue- , en la cuestión de vincular el decretazo con la carrera profesional y la movilidad.
¿Cómo queda la situación ahora para los médicos?
En un contexto de oposiciones, con más de 700 médicos después de 10 años sin convocarse, la incertidumbre es en qué situación van a quedar los opositores que se han presentado y los que se van a presentar, y qué va a pasar con el verano para contratar médicos, porque si se aplica la ley, cualquier persona tendrá que acreditar un B2 de catalán, y necesitamos 350 médicos, solo en Atención Primaria. Por otra parte la asesoría jurídica de Simebal ha trasmitido a los médicos que hasta que el fallo no sea firme no se afecta a las oposiciones y que, aun cuando sea firme , en las categorías deficitaria se puede mantener la excepción de la acreditación lingüística en base a la ley 4/2016. Enhorabuena a nuestro director Joan Calafat, por la distinción otorgada, por la RAMIB, por su compromiso y buen quehacer en el ámbito de la información sanitaria.