Carlos Hernández /
La Conselleria de Salut ha resuelto los cinco expedientes sancionadores abiertos a la concesionaria del transporte aéreo sanitario de las islas, Eliance, que deberá afrontar multas por un total de 3.043.935 euros, según ha informado el Servicio de Salud de las Islas Baleares. La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha explicado hoy en el pleno del Parlament balear, que ayer mismo se han notificado las sanciones a la empresa.
En su intervención, motivada por la interpelación presentada por el grupo parlamentario popular en relación al servicio del transporte aéreo, Gómez ha recordado que en diciembre se ha decidido iniciar la resolución del contrato, un procedimiento «extremadamente complejo«, que se está llevando a cabo «por la vía de urgencia«, ha remarcado.
En concreto, los cinco expedientes, que ya son firmes, se han abierto por falta de titulación y licencias de pilotos y copilotos, con una multa de 284.365,95 euros; falta de habilitación para vuelo instrumental, con una sanción de 14.616 euros, y por el retraso en la puesta en marcha del avión de Mallorca, sancionado con 553.493,80 euros.
Los expedientes restantes están motivados por el retraso en la puesta en marcha del avión de Menorca, con una multa de 526.459,40 euros, y por la antigüedad del avión Mallorca, que tenía 22 años cuando el pliego exigía máximo de 10 años, incumplimiento que se ha sancionado con 1.665.000 euros.
Gómez ha recordado que se ha tramitado un procedimiento de emergencia, que se ha adjudicado a la empresa Babcock, debido a que Eliance no podía garantizar el servicio de helicóptero como indica en el contrato.
Sin embargo, la concesionaria cumple con lo que establece el pliego en el caso de los aviones sanitarios, por lo que está obligada por ley a seguir prestando este servicio, hasta que se haga un nuevo concurso. En todo caso, la consellera ha insistido en que los vuelos se llevan a cabo «en condiciones de seguridad y de calidad». Gómez ha replicado al PP en el Parlament: «No es nada fácil rescindir un contrato, hay que tener una seguridad jurídica adecuada».
