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El Parlment balear aprueba la propuesta socialista para destinar más recursos a la prevención del suicidio infantil y juvenil y rechaza la práctica de los vientres de alquiler

Beatriu Gamundí y Silvia Cano

JUAN RIERA ROCA
La Comisión de Asuntos Sociales del Parlament balear ha aprobado por unanimidad pedir que se elaboren planes integrales de prevención del suicidio y que se incrementen los recursos para la prevención de conductas suicidas entre la población infantil y juvenil y «prevenir un riesgo emergente entre la población joven y reducir el número de suicidios en esta etapa vital «.

Tal como ha explicado la diputada socialista Beatriz Gamundí, impulsora de la
iniciativa, el suicidio es la segunda causa de muerte externa entre los menores de edad en Baleares y se producen 20 casos de tentativa por cada suicidio, de ahí la necesidad de elaborar, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, estos planes integrales de prevención del suicidio.

Además, ha recordado Gamundí, cuando se produce una muerte por suicidio, «se calcula que quedan marcadas para toda la vida un total de seis personas del entorno familiar más cercano «, una cifra que aumenta si se da en el ámbito escolar, ya que también afecta a los maestros y compañeros del entorno de la persona con conducta suicida.

Es por ello que la iniciativa también pide al Gobierno de las Islas Baleares que se creen y revisen protocolos escolares que aborden esta cuestión a través de
el Observatorio del Suicidio, puesto en marcha la pasada legislatura. «Es necesario y importante trabajar en la prevención de estas conductas desde los centros educativos «, ha aseverado Gamundí.
Por otra parte, la Comisión también ha aprobado mostrar su rechazo a la práctica de los vientres de alquiler, una práctica que «socava los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y funciones reproductivas «, ha destacado la diputada socialista y portavoz parlamentaria, Silvia Cano, impulsora de la propuesta.

Asimismo, la proposición no de ley, firmada conjuntamente con los grupos que apoyan el pacto de gobierno, insta al Gobierno de España a reforzar las garantías para evitar esta práctica ya prohibida por ley y sancionar las agencias que se dediquen a esta actividad, garantizando el cumplimiento de la legislación actual.

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