El recrudecimiento de la pandemia del coronavirus plantea numerosos interrogantes. Por una parte, la evolución de los contagios parece obligar a un nuevo confinamiento general para frenar de manera drástica y contundente la expansión de la enfermedad.
De hecho, así se hizo por parte del Gobierno central el pasado mes de marzo con la declaración del estado de alarma, y los resultados, a nivel de prevención epidemiológica, fueron satisfactorios. Sin embargo, esta nueva curva sorprende a los territorios que en mayor medida están sufriendo su azote, entre ellos Balears, en un dilema casi irresoluble: si se opta por el confinamiento, la economía se verá afectada hasta límites incalculables, y la más que discreta actividad productiva que se ha ido recuperando a partir del mes de junio, se irá, definitivamente, al garete.
El coste para las familias y las personas, especialmente aquellas cuyo poder adquisitivo depende del cobro de una nómina o de la explotación de una pequeña empresa, podría resultar inasumible. No obstante, la línea finalmente elegida por las diversas administraciones, que supone, a grandes rasgos, mantener la normalidad a base de la imposición de medidas cada vez más estrictas, entraña no pocos riesgos y pone a prueba la madurez y corresponsabilidad de todos nosotros sin excepción.
