Profesor de la Escuela
Andaluza de Salud Pública
La realidad que tenemos es que hay un resurgimiento de las infecciones por COVID-19 en España, con las peores cifras de Europa, principalmente en Madrid y ante ello, es necesario definir la evaluación en términos de su oportunidad, alcance y liderazgo.
Tres requisitos nos parecen fundamentales para este proceso: El primer requisito es la urgencia; la evaluación debe comenzar de inmediato e informar periódicamente hasta el final de la pandemia. El segundo requisito es la necesidad del apoyo generalizado de partidos políticos, asociaciones científicas (más de 50 apoyaron la primera carta), profesionales de la salud, pacientes y cuidadores, la sociedad civil y la sociedad en su conjunto. El tercer requisito es un compromiso firme por parte del Gobierno Central y los gobiernos autonómicos de escuchar las recomendaciones propuestas en la evaluación y actuar en consecuencia.
Cuatro son los principios rectores que planteamos para garantizar un proceso exitoso.
El primero y más importante es la independencia de los miembros del comité de evaluación. Las personas que seleccionan a los miembros del equipo de evaluación, y los propios miembros, deben ser independientes del gobierno, no haber trabajado en el gobierno y no tener intereses en competencia. En el comité de selección y en el equipo evaluador podrían participar académicos españoles independientes, tanto en España como en el extranjero, y expertos internacionales.
En segundo lugar, se necesita una cultura de no culpar, centrada en proporcionar recomendaciones que puedan mejorar la situación sin repartir culpas.
En tercer lugar, el equipo de evaluación debe tener un equilibrio de género y ser multidisciplinar para evitar el pensamiento de grupo y para promover una evaluación crítica más amplia.
Y en cuarto lugar, la evaluación debe tener un alcance amplio, analizando los efectos sanitarios, económicos y sociales con aportes tanto del Gobierno Central como de las comunidades autónomas, dado el alto nivel de competencias descentralizadas. Con respecto a la organización de la evaluación se puede elegir entre los modelos existentes, como la evaluación propuesta por OMS, el modelo de grupo de parlamentarios de todos los partidos utilizado en el Reino Unido, o la investigación que se realizó en el estado de Victoria, Australia. Una propuesta podría ser seleccionar un panel de expertos apoyado por un equipo científico que sea responsable de recolectar y analizar la evidencia. Los grupos de trabajo y una convocatoria de pruebas también podrían complementar ese proceso, con la participación de las sociedades científicas pertinentes que representan a los profesionales de la salud y otros profesionales, las organizaciones de pacientes y la sociedad civil en la provisión de pruebas y conocimientos especializados.
Sin duda, sacar adelante esta evaluación, que podría convertirse en un ejemplo a seguir por otros países, se ha convertido en una necesidad ineludible, ya que esta evaluación, basada en evidencia científica, creemos que debe servir para orientar la política de salud pública y contribuir a superar la pandemia de COVID-19.
