Representantes de las conselleries de Salud y de Administraciones Públicas se han reunido hoy con las patronales de restauración de Pimem y CAEB para lanzar un mensaje común para que cafeterías, bares y restaurantes y clientes cumplan las normas y recomendaciones de seguridad que tienen como finalidad evitar la propagación de los contagios.
Alfonso Robledo (CAEB) y Eugenia Cusí (PIMEM) recalcaron la importancia de cumplir las medidas de seguridad y han ofrecido la colaboración de las patronales para hacer llegar la información y los mensajes de prevención a los socios y a la ciudadanía y han expresado su disposición a continuar trabajando contra la pandemia.
La consellera de Salud, Patricia Gómez ha recordado que las nuevas medidas acordadas por el Govern responden al empeoramiento de los datos epidemiológicos y asistenciales y reiteró que en este contexto es primordial cumplir las reglas para poder frenar el ritmo de contagios y garantizar la capacidad de respuesta eficiente del sistema asistencial.
Ha agradecido el esfuerzo que está haciendo el sector y, a la vez, ha pedido la colaboración de las patronales de la restauración para que faciliten a sus asociados toda la información necesaria para asegurar la protección de trabajadores y usuarios y ha reclamado también que contribuyan a difundir entre los clientes las medidas de protección.
También ha recordado que aún hay algunos locales que ignoran las normas básicas de aforo, de separación entre mesas, de máximo de clientes por mesa, de horarios o de prohibición de consumo de tabaco. También ha recalcado que se ven terrazas cubiertas con carpas, lo cual está prohibido y es susceptible de derivar en una sanción.
La consellera de Administraciones Públicas, Isabel Castro, recordó que los operativos conjuntos de inspección se han reforzado con motivo de las fiestas navideñas para vigilar la actividad en comercios, centros comerciales, establecimientos de restauración y bares con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa.
Desde la activación de estos operativos conjuntos, se han realizado 1.119 inspecciones y se levantado 821 actas por incumplimientos de la normativa. Desde la entrada en vigor del decreto ley sancionador el pasado mes de julio, se han registrado 6.082 denuncias de las cuales 5.402 corresponden a particulares y 680 a establecimientos.
Castro señaló que tal como contempla el Decreto Ley 11/2020 de 10 de julio, durante el nivel 4 de alerta sanitaria las infracciones consideradas leves y graves podrán pasar a ser consideradas como graves y muy graves, llegando las posibles sanciones desde 60.000 € hasta 600.000 € y la posibilidad de cierre del establecimiento.
