La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha presidido hoy la primera reunión del grupo de expertos para la implementación de la prestación de la eutanasia, que aportará puntos de vista varios y contribuirá a resolver dudas que se presenten en la aplicación de la Ley, que entrará en vigor el 25 de junio. El grupo de expertos está formado por juristas, sanitarios, paliativistas y representantes de asociaciones de pacientes y de la prensa.
Durante el encuentro, la consellera ha destacado la, a su juicio, importancia de la inclusión de esta prestación dentro de la cartera de servicios de salud: «El Govern realiza una ingente labor para garantizar que todo el que lo necesite pueda ejercer este derecho en condiciones de equidad, de modo sencillo, con seguridad y calidad», ha dicho la consellera.
Y ha añadido: «Han sido muchos años de reivindicación y, por fin, disponemos de una norma que responde a una demanda de la sociedad y elimina muchas incertidumbres e inseguridades. Y, sobre todo, da la opción a aquellas personas que deseen ejercer el derecho y no obliga a nadie.» Gómez ha destacado la importancia de «escuchar la voz de la sociedad, de los ciudadanos».
De esta manera ha dicho referirse a «quienes tienen que poder participar en los procesos de toma de decisiones y aportar puntos de vista, conocimientos y experiencia, que pueden ser muy valiosos y deben aprovecharse en beneficio común. De aquí que se haya solicitado la colaboración de este grupo de personas con larga y reconocida experiencia dentro de sus respectivos ámbitos.»
En el grupo de expertos participan Carmen Tomàs-Valiente, doctora en Derecho; María Luisa Carcedo, médica y exministra de Sanidad; Pilar Sánchez Cuenca, presidenta del Comité de Ética Asistencial de las Illes Balears (CEAIB); Javier Fernàndez Pineda, jurista del CEAIB; Vicenç Thomas, presidente del Parlament de las Illes Balears, médico y exconseller de Salud; Mercè Llagostera, coordinadora de la Estrategia de Paliativos.
También, Carmen Jiménez, coordinadora de la Estrategia de Ictus; Teresa Bosch, coordinadora de la Estrategia de Enfermedades Raras; Antoni Amengual, paliativista del Hospital General; Consuelo Pau, representante de la asociación Derecho a Morir Dignamente; Antoni Gomila, catedrático de Psicología de la UIB; Tomàs Andújar, redactor de la Agencia EFE, y Julia Gallo, enfermera, profesora y experta en salud y calidad de vida.
El primer encuentro ha tenido formato de mesa redonda, moderada por el director general de Prestaciones y Farmacia, Nacho García, y ha permitido debatir temas como las implicaciones del hecho que España sea el séptimo país del mundo que regula la eutanasia; los aspectos éticos de la Ley; los aspectos legales relacionados con la responsabilidad profesional, la confidencialidad y la objeción de conciencia.
También se han debatido en este encuentro los efectos que esta nueva prestación puede tener en la estructura y organización de los servicios sanitarios, concretamente en la atención al final de la vida; las garantías previstas en la Ley en cuanto a personas vulnerables o el impacto social que la regulación puede tener en un entorno cultural mediterráneo.
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, Balears tiene que estar en condiciones de ofrecerla desde el 25 de junio, fecha a partir de la que las personas podrán iniciar su solicitud. Hasta el momento, se han dado diversos pasos para garantizar la prestación: se ha creado la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir de las Illes Balears.
También se han designado los miembros de dicha Comisión y se han celebrado reuniones de trabajo entre varios departamentos del Govern para cerrar el contenido de los formularios oficiales, definir los circuitos a seguir para toda la documentación oficial, diseñar los sistemas informáticos que apoyarán la prestación garantizando la confidencialidad de los usuarios.
Se han programado las jornadas de formación y sensibilización para los profesionales del Servicio de Salud de las Illes Balears en cada una de las islas, elaborar la información que se pondrá al alcance de la ciudadanía a través de la web y compartir los contenidos de los encuentros con el Ministerio de Sanidad para elaborar varios protocolos de actuación (sobre valoración de la incapacidad, la medicación, la formación y la objeción de conciencia).
