La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Govern balear, Mercedes Garrido, ha comparecido a petición propia en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament de las Illes Balears para informar de la resolución judicial relativa al brote de casos de COVID19 entre estudiantes de la Península en viaje de fin de curso en Mallorca, el llamado «macrobrote «.
Garrido ha defendido que el Govern de las Illes Balears «ha actuado desde el primer momento con rigor, responsabilidad y siguiendo los criterios sanitarios y epidemiológicos, los cuales se han tenido en cuenta durante los más de quince meses de pandemia sanitaria y que han marcado la estrategia estatal contra el COVID19».
La consellera ha recordado que el objetivo común que ha marcado las decisiones del ejecutivo en todo momento era «salvar vidas y reactivar la economía, y a la vez, poder salvaguardar puestos de trabajo sobre todo de los sectores más golpeados por la crisis, y dar esperanza a miles de familias que gracias a los esfuerzos que hemos hecho durante tantos».
El marco en el que ha actuado el Govern, ha especificado Garrido, ha sido «por un lado, priorizar que la situación sanitaria fuera la mejor posible en todo momento, previniendo y minimizando los efectos de las etapas más difíciles de la pandemia, ya superadas. Por el otro, generar oportunidades para la recuperación, para que esta sea cuanto más rápida y más justa mejor».
La resolución judicial «se ha acatado, como hacemos siempre, porque somos respetuosos con el estado de derecho, pero no estamos de acuerdo, por lo cual hemos formalizado el recurso de apelación contra la interlocutoria que permitió la salida del hotel puente de los estudiantes que habían dado positivo o no se habían querido hacer la prueba diagnóstica».
El Govern defiende que «el juicio de proporcionalidad, necesidad e idoneidad al cual se tenía que someter la Resolución de la directora general de Salud Pública fue acertado, puesto que se acreditaba la existencia de un macrobrote que afectaba numerosas CCAA con una elevada tasa de incidencia», ha dicho la consellera.
«El grave riesgo para la salud pública estaba acreditado, y, por evidentes motivos de protección de la salud pública, la medida de criba a los jóvenes y la posterior medida de aislamiento o cuarentena eran y son las medidas más proporcionadas a la magnitud del brote al cual nos enfrentábamos», ha añadido a este respecto.
Garrido ha insistido que «el derecho individual de unos cuántos a deambular libremente no puede ser prioritario ni estar por encima del derecho colectivo a la salud pública, y así lo hemos defendido en todas las actuaciones del Govern desde día 14 de marzo de 2020 y también en el recurso de apelación presentado».
La consellera ha dicho que a su juicio en todo momento se ha trabajado desde la máxima coordinación con el Ministerio de Sanidad, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que depende del Ministerio, y el resto de comunidades autónomas afectadas por el brote.
El intercambio de información entre las diferentes CCAA «permitió calibrar la importante magnitud del brote en cuanto al número de casos y contactos, así como evidenciar un marco epidemiológico común a todos los grupos de estudiantes involucrados», dijo, en alusión a actividades e interacciones sociales y lúdicas reiteradas en tiempos y espacio.
Estas actividades «fueron compartidas entre grupos diferentes; asistencia a acontecimientos multitudinarios, múltiples actividades y situaciones de exposición de riesgo en espacios abiertos y cerrados, así como la carencia de cumplimiento de las medidas de protección y distancia estipuladas y que eran de cumplimiento obligado, como mínimo en las Illes Balears».
La consellera ha remarcado que la estrategia general del control de la epidemia de SARS-CoV-2 se basa, entre otros, en la aplicación de cuarentena a casos con antecedentes de contacto con un contagiado, que una vez evaluado su riesgo individual, se catalogan como «contacto estrecho».
El criterio respecto a esto siempre ha sido el mismo: cualquier contacto estrecho con otro que haya dado positivo en COVID19 tiene que hacer cuarentena, tanto si tiene una PCR negativa como, sobre todo, si se niega a hacerla. «Es el mismo procedimiento que se ha seguido durante toda la pandemia y que se ha seguido para todo el mundo», ha destacado la consellera.
«Desde el primer momento en que se detectan positivos en otras comunidades derivados de su viaje de final de estudios en nuestra isla, se pone en marcha todo el dispositivo de Salud para hacer los rastreos, detectar los contactos estrechos y hacer cribas en los hoteles donde se alojaban este grupo de jóvenes, para romper cadenas de contagio», ha puntualizado la consellera.
La resolución judicial establece que los 181 jóvenes que en aquel momento eran negativos o que se habían negado a hacerse una PCR podían salir del hotel puente medicalizado. Mientras tanto, la misma tarde se supo que 6 de estos jóvenes fueron positivos en una segunda prueba, por lo cual el Govern insistió e insiste que se tiene que priorizar la salud pública.
En cualquier caso, Garrido ha confirmado que por ahora ya no queda ningún estudiante en el hotel puente medicalizado, puesto que los que quedaron voluntariamente han pasado el periodo de cuarentena establecido y han podido irse, a pesar de que «finalmente podemos afirmar que la tasa de positividad entre los jóvenes objeto de la resolución ha superado el 40%».
Garrido ha apuntado que desde el Govern también se identificaron los focos de contagios del brote: el concierto de la plaza de Toros de Palma, para el cual ya se ha propuesto una multa de 200.000 €; fiestas en la playa, tanto en la costa como en barcos, y varios hoteles. «Se han hecho inspecciones y se continuarán haciendo y se extenderán las actas correspondiente».
Además, ha recordado que «tanto el Govern como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como las policías locales y los cuerpos de inspectores, actúan y han actuado en todo momento para garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria, y nos tomamos muy seriamente el cumplimiento de los protocolos y de la normativa sanitaria para evitar el contagio del virus».
A día de hoy hay más de 27.000 denuncias registradas por incumplimiento de la normativa COVID19, y expedientes en trámite por un importe de más de 6.200.000 € en sanciones. Desde todas las administraciones se mantienen de manera continua los dispositivos y los controles, con inspecciones a hoteles, locales de ocio, restaurantes, barcos y contra los botellones.
Después de hacer una cronología de los hechos y de la gestión del Govern ante el brote, la consellera ha concluido que «el ejecutivo actuó rápidamente, como demuestran los hechos, en cuanto se tuvo conocimiento de que podía haber un brote, con medidas adoptadas siempre teniendo en cuenta los criterios y las indicaciones sanitarias, para salvaguardar la salud».
