El Govern de les Illes Balears garantiza, según una nota de prensa difundida hoy, los derechos lingüísticos de los profesionales y de los usuarios del Ibsalut en relación a la posibilidad de usar cualquiera de las dos lenguas oficiales de la CAIB. Estas son el castellano y el catalán, según la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía y La Ley 3/1986, de 29 de abril, de Normalización Lingüística de las Islas Baleares.
Según la normativa autonómica actual, que corresponde al Decreto de Lenguas Oficiales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, “todos los trabajadores públicos de la Comunidad Autónoma tienen que conocer las dos lenguas oficiales en un nivel que los permita desarrollar las funciones de su lugar de trabajo y facilitar al ciudadano el ejercicio de sus derechos lingüísticos”.
El Govern garantiza que ninguna atención sanitaria al paciente sea rechazada por razón de lengua, lo que supondría la apertura de un expediente administrativo por averiguar el caso concreto. En definitiva, el Govern no sanciona a quien se niega a atender en catalán, sino que abre acta administrativa a quien se niegue a dar atención sanitaria por este motivo.
Como hacen el resto de administraciones y ante cualquier reclamación o queja, la Conselleria de Salud y Consumo pone a disposición de los usuarios de la Sanidad Pública el Servicio de Atención al Usuario del Ibsalut y los servicios de Atención al Paciente de los hospitales. Además, la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura pone a disposición de cualquier ciudadano la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos en las Illes Balears.ç
Cuando hay una reclamación o queja relacionada con cualquier tipo de situación dada dentro de la Administración y con la que una persona no está de acuerdo, se inicia un procedimiento para dar una respuesta a la cual está obligada la propia Administración en cualquier de sus ámbitos, según la Ley de Procedimiento Administrativo.
La Conselleria de Salud y Consumo considera que con la normativa vigente se pueden preservar los derechos lingüísticos de los profesionales y de los ciudadanos de las Illes Balears dentro del ámbito del Servicio de Salud y, por lo tanto, no se prevé que se tenga que hacer ningún cambio normativo ni en cuanto a los procedimientos.
