El Gobierno de España ha aprobado en Consejo de Ministras el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) que según fuentes políticas promueve la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud, ampliará los derechos de los ciudadanos, evitará nuevos copagos y priorizará el modelo público de gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios.
La Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud persigue evitar la incorporación de nuevos copagos sanitarios como ya se hizo con los establecidos para los medicamentos. Tal es el caso de transporte sanitario no urgente, productos dietoterápicos y ortoprotésicos.
La ministra de Sanidad recalcó que esta nueva norma “responde a los compromisos asumidos por el presidente del Gobierno y al Pacto de Gobierno de Progreso. Y es fruto del trabajo del Ministerio de Sanidad pero, también, de las aportaciones realizadas por los distintos ministerios” y añadió que esta Ley viene a avanzar en la consolidación de “derechos de los ciudadanos” y “pretende seguir afianzando el Sistema Nacional de Salud”.
Darias remarcó que esta pandemia “nos ha dejado varias lecciones, como la puesta en valor de lo público y la importancia de los Estados que requieren dar respuestas globales a problemas de estas características”. En este sentido, señaló que también nos ha dejado “la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de salud y esta Ley lo hace a través de sus tres vectores fundamentales: la cohesión, la equidad y la universalidad”.
Las normas que este Anteproyecto de Ley modifica son dos Leyes, un Real Decreto (RD)-ley y dos Reales Decretos y se deroga una Ley: La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
También, el RD 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados, el RD 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en esta prestación y deroga la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre nuevas formas de gestión del SNS.
Esta nueva norma constituye el cumplimiento del hito de la reforma 3 del Componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyos objetivos generales son establecer medidas que consoliden la equidad, la cohesión y la universalización en el SNS. Además, en esta Ley se incluye la portavocía de los pacientes y de los ciudadanos en general dentro de los órganos de gestión y coordinación sanitaria.
Con la aprobación de esta norma se cumple, asimismo, con el 21,4 % de los compromisos relativos a Sanidad del Gobierno de España, así como con lo previsto al respecto en el Dictamen para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. Se trata de una de las 5 reformas para renovar y ampliar las capacidades del SNS del Componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o ‘Plan España Puede’.
El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución entre las CCAA de 220 millones de euros para el Programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en la Salud Digital. Las CCAA deberán destinar, al menos, un 25% de los fondos asignados a proyectos relacionados con la gestión económico-financiera de los productos farmacéuticos y otro 25% a la integración de los sistemas con los servicios digitales del SNS.
Entre estos, la Historia Clínica Digital Interoperable, la Tarjeta Sanitaria Individual, la Receta Electrónica Interoperable, el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, el Nodo de Verificación de Medicamentos (SNSFARMA), el Registro Central de Vacunación (REGVACU) y la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP).
El 50% restante irá destinado a proyectos de la Estrategia Nacional de Salud Digital, en la analítica de datos, en conexión con el Espacio Nacional de Datos de Salud; la ampliación y renovación de las infraestructuras TIC de los centros sanitarios y sociosanitarios y los sistemas integrados de gestión y análisis de imágenes médicas, asegurando la disponibilidad y acceso a este tipo de servicios con independencia del nivel asistencial.
