Ignacio García-Moris, presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Baleares
El Colegio Oficial de Dentistas de Baleares (CODB) ha lamentado hoy a través de un comunicado en su página institucional la decisión del Congreso de no tramitar la Proposición de Ley de Publicidad Sanitaria. La falta de una normativa estatal clara en este aspecto «fomentará que se sigan publicitando tratamientos médicos sin ningún control, incitando a su consumo con todo tipo de descuentos y ofertas, y sin incluir las advertencias sobre los posibles efectos adversos o riesgos derivados de la actividad sanitaria anunciada».
“Los dentistas de Baleares nos sentimos profundamente decepcionados por esta decisión y esperamos que, en breve, sea reconsiderada”, asegura Ignacio García-Moris, presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Baleares. El Congreso de los Diputados no tramitará la Proposición de Ley relativa a la Publicidad de Prestaciones y Actividades Sanitarias que presentó el Partido Popular el martes y que se debatió en la Cámara Baja.
Con 120 votos a favor (PP, Grupo Parlamentario Republicano y Grupo Vasco entre otros), 159 en contra (PSOE y Unidas Podemos entre otros) y 70 abstenciones (Vox, Ciudadanos y Grupo Parlamentario EH Bildu entre otros), el Congreso no ha apoyado esta Proposición de Ley. El resultado supone una gran decepción para los Consejos Generales de Dentistas, Farmacéuticos, Médicos, Veterinarios, Podólogos, Psicólogos y Fisioterapeutas.
Estas corporaciones llevan años –aseguran desde el Colegio de dentistas– trabajando en esta cuestión, manteniendo reuniones con todos los grupos políticos e insistiendo en la necesidad de regular la publicidad sanitaria, con el único objetivo de proteger la salud de los ciudadanos. El CODB, se une a los profesionales sanitarios y expresa su decepción por la decisión tomada por el Congreso. “Baleares ha sufrido varias veces las consecuencias de agresivas campañas publicitarias engañosas».
«Tenemos –añaden– muchos ciudadanos afectados por el cierre de clínicas marquistas que prometían algo que nunca pudieron cumplir. Esta era una oportunidad de oro para acabar con estas prácticas desleales que aprovechan un vacío legal para conseguir beneficios a costa de la salud de las personas. Los dentistas de Baleares nos sentimos profundamente decepcionados por esta decisión y esperamos que, en breve, sea reconsiderada”, asegura Ignacio García-Moris, presidente del CODB.
El presidente del CODB recuerda las declaraciones hechas por el Director General de Consumo del Govern de les Illes Balears, Félix Alonso Cantorné, quien, hace sólo un año, afirmaba en las redes sociales que “la crisis de Dentix ha significado un gran sufrimiento para los afectados y desde la política tenemos que trabajar para que algo así no se repita. Así mismo IB Consum será tajante ante la publicidad agresiva, engañosa y desleal en redes sociales”.
“Confiamos en que se siga trabajando en la línea que defiende el máximo responsable de la Dirección General de Consum del Govern Balear”, añade el presidente García-Moris. El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro, declara que “es muy triste que, una vez más, hayan primado los intereses políticos por encima de los del ciudadano. La tramitación de esta PL hubiera evitado que se repitieran escándalos como el de iDental», ha asegurado.
Un fenómeno «que atrajo a los ciudadanos gracias a sus agresivas campañas de publicidad donde prometían tratamientos subvencionados con excelentes resultados y que dejó miles de damnificados en toda España. Desde el Consejo General de Dentistas seguiremos luchando, como hemos hecho hasta ahora, para proteger a los ciudadanos y velar por una Odontología ética y de calidad”. Para el Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Médicos el rechazo en el Congreso de los Diputados es una mala noticia.
“La ley perseguía un único objetivo fundamental que era garantizar la seguridad del paciente, la seguridad clínica. Este NO por parte de la mayoría del parlamento, supone una oportunidad perdida para acabar con la charlatanería y con todos aquellos que tratan de aprovecharse de la desesperanza de la gente en situación de vulnerabilidad con mensajes y publicidad que intencionadamente generan confusión y engaño”, ha dicho cobo.
Por su parte, Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, añade que “nos sumamos al resto de Consejos Generales de las Profesiones Sanitarias y consideramos una oportunidad perdida el no avanzar una regulación en el ámbito de la publicidad sanitaria que apueste y refuerce la seguridad del paciente”. En la misma línea, Luis Alberto Calvo, presidente del Consejo General de Veterinarios, se ha manifestado.
Según explica Calvo, “la publicidad no regulada en cuestiones sanitarias a menudo corre pareja a las noticias falsas y a las creencias erróneas, por lo que debe existir un marco claro de regulación. Los veterinarios y veterinarias recomendamos a todos los ciudadanos que conviven con animales de compañía que tengan prudencia ante cualquier mensaje sospechoso, ya que en muchas ocasiones se pone en riesgo la salud de las mascotas y de las personas, pues no existen líneas divisorias entre la sanidad animal y la salud pública”.
La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, Elena Carrascosa, asegura que “con la regulación de la publicidad sanitaria se reclamaba más ética y veracidad en esta materia y que se protegiera a las personas con vulnerabilidad social. Nos inquieta que este asunto se deje en manos de las comunidades autónomas, ya que se van a seguir produciendo ciertas prácticas, como las recomendaciones de productos, medicamentos o tratamientos que requieren prescripción facultativa».
Carrascosa advirtió que esas recomendaciones se seguirán haciendo, por parte de personas de influencia en redes sociales que no disponen de ningún conocimiento sanitario”. “Desde el Consejo de Fisioterapeutas, -afirma su presidente, Gustavo Paseiro- estamos decepcionados y contrariados con la decisión que se ha tomado hoy en el Congreso. El objetivo de esta ley no pretende mejorar la situación de los profesionales sanitarios, sino dotar a la sociedad de los mecanismos para protegerse del fraude y del engaño».
«Más de un millón de profesionales con profundo conocimiento de la realidad social a nivel sanitario hemos reivindicado esta ley como algo necesario por lo que vemos todos los días en nuestras consultas, por las preguntas que nos hacen continuamente nuestros pacientes, por la cantidad de personas que pasan por nuestras manos que han sufrido este tipo de fraudes y a los que no les podemos dar ninguna solución», añadió.
Por último, Fernando Chacón, vicepresidente del Consejo General de la Psicología, reconoce que “nos sentimos defraudados, ya que hay consenso tanto por parte de los profesionales como de los grupos políticos en una materia que necesita regulación. Lamentamos que, por otros intereses que no se corresponden con el interés general, no se produzca ni siquiera su debate. Y el principal afectado de este rechazo son los ciudadanos”.
