El Govern balear de Marga Prohens (PP) ha instado por carta al Ministerio de Sanidad de Mónica García (coalición de PSOE y Sumar) a convocar de forma inmediata un Pleno del Consejo Interterritorial sobre la crisis de profesionales en la sanidad pública.
Desde el Govern se ha señalado la importancia de solucionar el déficit de recursos humanos en la sanidad pública, como principal demanda de la Conselleria de Salut, tras 8 años de gobiernos de pactos de izquierdas en Baleares y 5 en el Ejecutivo central.
En una carta dirigida a la recién nombrada ministra de Sanidad, Mónica García, la consellera autonómica, Manuela García Romero, ha trasladado su preocupación la falta de profesionales sanitarios, su envejecimiento y la dificultad para atraerlos y retenerlos.
Todo ello pone de manifiesto —afirma Manuela García en la misiva— el desacierto por parte del Ministerio de Sanidad en la planificación de las necesidades reales de profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Estamos ante «una crisis de recursos humanos sin precedentes» que en Balears es aún más crítica, debido a la doble y triple insularidad y ante la que el Govern ha implementado medidas urgentes para atraer y retener profesionales sanitarios.
Manuela García recuerda al Ministerio de Sanidad y desde el poder territorial, crítico con el Gobierno al no estarle sometido, la obligación de ir más allá y abordar de inmediato y de forma global esta crisis, adoptando medidas a corto y medio plazo.
La consellera pide la creación de un registro nacional de profesionales sanitarios, pendiente desde hace más de diez años y reivindica desde Baleares la preservación de la integridad del sistema de especialización vía MIR (médico interno residente).
Según algunas fuentes, el Gobierno socialista podría haber negociado la transferencia del sistema de especialización a las autonomías, lo que supondría, según muchos analistas, destruir la equidad estatal de la sanidad pública.
También se pide no eliminar la nota de corte para cubrir las plazas disponibles. Otras propuestas son la reforma del sistema de elección de plazas o la inclusión de una oferta pública adicional de 1.000 más de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.
Desde el Govern se recuerda al Gobierno la obligación de «apostar por políticas pública de la salud mental o de trabajar desde ya en un Pacto por la Sanidad de ámbito nacional que priorice la atención de los ciudadanos sobre cualquier diferencia política.
