El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, detalló, la pasada semana, que el anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada establece dos supuestos de despenalización del aborto: que sea necesario por existir un grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer; o que el embarazo sea resultado de un delito contra su indemnidad sexual, es decir, que sea producto de una violación. Y, en este último caso, siempre que la interrupción se produzca en las doce primeras semanas de gestación y el delito contra la libertad sexual de la mujer embarazada haya sido denunciado.
Sin duda alguna, estas disposiciones marcan un escenario completamente nuevo en relación al tratamiento legal del aborto en España, un escenario más parecido al que existía en las décadas de los 80 y 90.
Las reacciones, como no podía ser de otra manera, no se han hecho esperar. Unas son diametralmente contrarias a la reforma impulsada desde el Gobierno, y otras la apoyan e incluso la consideran insuficiente. Y he ahí donde cunde la preocupación de la mayor parte de los ciudadanos, o sea, aquellos que ni participan de los posicionamientos más viscerales a favor del aborto ni tampoco comulgan con las actitudes radicales en contra de esta medida.
Y esa preocupación surge a partir de la constatación de un hecho que, por mucho que deba situarse en un panorama futuro, resulta, al mismo tiempo, incontestable: esta reforma del aborto se modificará tarde o temprano. O, por decirlo en otras palabras, se modificará en cuanto exista una nueva mayoría de gobierno en España.
En este sentido, cabría reclamar a los representantes políticos una mayor capacidad de consenso en temas que despiertan, de forma muy clara, la irritabilidad social. O de las distintas partes de la misma. Buscar el término medio es siempre el mejor camino para interpretar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.
