El facultativo se halla de baja laboral no solo por el castigo físico del que fue objeto sino también a causa del trauma emocional y psicológico que, como es lógico, le produjo esta situación.
Si la violencia siempre es una actitud inaceptable, todavía resulta más inadmisible cuando el objetivo de la agresión es alguien cuyo objetivo no es otro que prestar ayuda y auxilio a su atacante. Sin embargo, por incomprensible que parezca, la realidad, con la estadística en la mano, pone de manifiesto que la medicina es una profesión de riesgo. De alto riesgo, podríamos afirmar, dado que médicos, enfermeras, celadores, auxiliares e incluso administrativos que trabajan en centros de salud y hospitales pueden, en cualquier momento, convertirse en el objeto de la ira de cualquier trastornado.
Frente a este grave y acuciante problema, la Administración sanitaria viene aplicando, desde hace tiempo, un estricto protocolo de prevención y actuación para atajar la violencia en los equipamientos asistenciales.
Esta herramienta ha arrojado resultados concretos, pero a todas luces insuficientes. Y decimos insuficientes, porque, y muy recientemente hemos tenido constancia de ello, las agresiones siguen produciéndose.
Por tanto, y ante esta evidencia, resulta imprescindible que todas las instancias que representan la sanidad balear, desde la Administración hasta los sindicatos y los directivos hospitalarios, revisen aquellos aspectos del protocolo que precisen ser actualizados y mejorados.
Por supuesto, uno de estos aspectos es el de la protección que reciben los profesionales en los centros de salud. En el caso que nos ocupa, el salvaje ataque tuvo lugar en un equipamiento que, al menos en el momento en que se sucedieron los hechos, no contaba con ningún tipo de vigilancia. Y eso no puede ser. No es admisible que un médico o cualquier otro profesional deban realizar su trabajo en unas condiciones tan expuestas y arriesgadas. Por este motivo, estas carencias han de ser resueltas con celeridad, antes que tengamos que lamentar una nueva agresión en el ámbito de la sanidad pública de Balears.