La llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno abre un nuevo escenario en materia de política sanitaria. Todavía es pronto para conocer cuáles serán las actuaciones del nuevo Ejecutivo en este y en el resto de ámbitos, pero sí que resulta posible vaticinar o intuir cuáles serán las líneas neurálgicas. Sin duda, una de ellas será la derogación del Real Decreto 16/2012 que limitó el acceso a la tarjeta sanitaria de los inmigrantes en situación administrativa irregular. De hecho, en las Comunidades en que el PSOE detenta las responsabilidades de Gobierno ya se ha apostado por el retorno de la tarjeta, a pesar de que ello les haya costado duros enfrentamientos, saldados incluso por vía judicial, con el Ministerio de Sanidad.
Por otro lado, si se mantienen leales a los principios que han defendido desde la oposición, parece claro que los socialistas se esforzarán en potenciar el papel del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, cuyas escasas convocatorias bajo el mandato de la hasta ahora titular del departamento, Dolors Montserrat, han sido objeto de crítica por parte de las administraciones autonómicas no gobernadas por el PP.
Una de las preguntas del millón es cuál será la relación del Gobierno de Sánchez con la sanidad privada. Si hay que hacer caso al manual socialista, se defenderá la titularidad pública de hospitales, centros de salud y el resto de equipamientos.
Ahora bien, la incógnita reside en saber dónde situará Sánchez la línea roja, es decir, hasta qué punto y hasta qué limite se verá con buenos ojos que el sector privado desarrolle un rol, al menos complementario, dentro de la gestión del sistema de salud.
Estas y otras preguntas están en el aire. Pero, posiblemente, no tardarán en ser desveladas. Pedro Sánchez cuenta con un margen de tiempo muy escueto si de verdad quiere aprovechar políticamente su paso por La Moncloa. Precisamente por ello, no puede esperar demasiado a dar a conocer su hoja de ruta, sobre todo en un sector tan sensible como la sanidad.
