Juan Riera Roca /
El PP de las Illes Balears, a través del Grupo Parlamentario en el Parlament (GPP), ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament para que el Govern proceda a la instalación de elementos de climatización frío/calor en todos los centros sanitarios donde se carece de este servicio.
La propuesta se refiere a las Unidades Básicas de Salud (UBS), centros de salud y en los Puntos de Atención Continuada (PAC) de las Illes Balears para evitar que se produzcan situaciones como las vividas durante los últimos días, en las que profesionales y usuarios denunciaban temperaturas extremas.
Así lo ha anunciado hoy el presidente del Partido Popular en Baleares, Biel Company, en una rueda de prensa a las puertas del centro de salud del Rafal Nou (Palma), en la que ha estado acompañado por la portavoz parlamentaria Marga Prohens y el regidor de Palma Javier Bonet.
En los últimos días y agravado de manera especial por la ola de calor que ha afectado a las Illes Balears, se han producido quejas en diferentes centros de salud de Palma como el Carmen, s’Escorxador, Pont d’Inca o Rafal Nou, y de la Part Forana como Cala Ratjada, Capdepera o Sóller.
Las quejas en estos centros se refieren básicamente a las elevadas temperaturas que deben soportar los profesionales durante la jornada laboral, así como los usuarios que acuden a las consultas, como consecuencia del mal funcionamiento de los aparatos de aire.
Para el presidente popular, «no debería pasar» que se produzcan este tipo de hechos que afectan al día a día de los profesionales sanitarios que trabajan en dichos centros y a los ciudadanos que acuden a los mismos. Por ello se ha tramitado en la PNL firmada por la diputada ibicenca Tania Marí.
En la PNL se pide al Govern que acondicione todos estos centros con las instalaciones necesarias para garantizar el acondicionamiento térmico necesario tanto en época estival como durante el invierno, de modo que todas las personas y en especial las más frágiles no se vean afectadas.
«El Govern de Armengol cuenta con 1.350 millones más de presupuesto respecto a la pasada legislatura, pero se tiene la sensación de que ese dinero se gasta o malgasta en crear estructuras como la oficina de derechos lingüísticos, en encargar estudios innecesarios o en contratos cargos, en lugar de resolver los problemas diarios de la gente», ha denunciado Company.
