JUAN RIERA ROCA / El Consell de Govern aprobó el viernes 19 de octubre el llamado Decreto de Garantía de Demora, mediante el cual se establecen los plazos máximos de espera en los que todo usuario de la sanidad pública de Illes Balears tiene derecho a recibir la asistencia sanitaria especializada programada y no urgente prescrita.
Con este decreto se crea un sistema que garantiza que, en caso de incumplimiento de los plazos, el Servicio de Salud de las Illes Balears debe ofrecer a los pacientes una alternativa en centros propios, centros vinculados a la red pública y en centros concertados de la sanidad privada para que puedan recibir la asistencia sanitaria indicada.
La asistencia sanitaria especializada programada y no urgente incluye los siguientes casos:
* Primeras consultas externas
* Primeras pruebas diagnósticas
* Intervenciones quirúrgicas
* Segundas consultas diagnósticas
Los plazos máximos en los que se tiene que prestar la asistencia sanitaria especializada programada y no urgente son:
* 180 días naturales para los procedimientos quirúrgicos.
* 60 días naturales para primeras consultas externas.
* 60 días naturales para la realización de pruebas diagnósticas.
* 180 días naturales para las segundas consultas diagnósticas derivadas de una primera consulta. Se trata de una disposición que se regula por primera vez en las Illes Balears, ya que no estaba incluida en el anterior decreto de garantía de demora, derogado por el Partido Popular durante la pasada legislatura.
Si se superan los plazos máximos establecidos en este decreto, el paciente tiene derecho a solicitar al Servicio de Salud de les Illes Balears (Ibsalut) su aplicación. Para hacer efectivo su derecho, los pacientes tienen que presentar la solicitud correspondiente al centro hospitalario en cuya lista de espera estén registrados.
Una vez presentada la solicitud y comprobado que se ha incumplido el plazo máximo, el Ibsalut dictará y notificará una resolución en el plazo de 10 días, en la cual tiene que indicar a la persona interesada el derecho a recibir la asistencia en un centro propio, vinculado a la red pública (Sant Joan de Déu y Cruz Roja) o concertado.
El paciente tendrá un plazo de 10 días para aceptarlo. Una vez el paciente decide, el Servicio de Salud está obligado a prestar de manera efectiva la asistencia sanitaria en el centro ofrecido y a pagar los gastos —si los hubiera— derivados del procedimiento en el centro sanitario vinculado a la red pública o concertado.
La Conselleria de Salut publicará anualmente los datos relativos a los gastos derivados de la asistencia sanitaria en estos centros concertados o vinculados a la red pública. Este decreto ya fue puesto en marcha en el periodo 2003-2007 por el Govern de aquel momento, pero el anterior Govern lo derogó en los planes de ahorro ante la crisis.
Esta derogación no ha podido ser subsanada antes porque ―según el análisis del actual ejecutivo autonómico― en la anterior legislatura y también por los recortes, las listas de espera se dispararon y la sanidad concertada no podría haber asumido tantos pacientes fuera de plazo (ni la pública, probablemente, los costes de tantas derivaciones).
Por todo ello tanto desde la Conselleria que dirige Patricia Gómez, como desde el Ibsalut que gestiona Juli Fuster, se quiso primero reducir las demoras de las listas de espera hasta que el número de posibles derivaciones a la sanidad concertada (privada o asimilada, como en el caso de Cruz Roja o Sant Joan de Dèu) pudiera asumir las.
Este decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOIB, excepto la regulación de los plazos máximos para una segunda consulta que, vista la necesidad previa de adecuar la estructura organizativa del Servicio de Salud, se implantará de forma progresiva hasta el 1 de enero del 2019.
