JUAN RIERA ROCA / La ONG Mar Blava y el Govern balear han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez coherencia en la exploración y explotación de hidrocarburos, solicitando al Ejecutivo central que no vete la tramitación en el Congreso de la Proposición de Ley balear de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones.
El Ministerio para la Transición Ecológica no debe autorizar la prórroga de 10 años solicitada por Repsol para la concesión de explotación “Casablanca”, según reivindica Mar Blava, que considera manifiestamente mejorable la redacción del articulado del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (MITECO).
Este texto del MITECO es la futura normativa relativa a las autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos. «El Ministerio para la Transición Ecológica no debe autorizar la prórroga de 10 años solicitada por Repsol para la concesión de explotación “Casablanca”», señalan desde Mar Blava.
Alianza Mar Blava, en rueda de prensa celebrada en Palma con la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear, ha hecho varias peticiones al Gobierno de Pedro Sánchez en relación a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo.
En primer lugar, que el Gobierno no trate de vetar la tramitación en el Congreso de los Diputados de la «Proposición de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales».
Esta proposición fue enviada el pasado mes de octubre por el Parlament balear, donde fue aprobada por unanimidad. Esta Proposición de Ley debe ser tramitada ahora en las Cortes Generales por versar sobre una materia que es competencia del Estado y que por ello debe ser avalada por el Gobierno y mayoría parlamentaria.
La Proposición de Ley fue impulsada en 2017 por la Alianza Mar Blava por encargo de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca y entregada al Parlament balear, donde en abril de ese año obtuvo un respaldo unánime de todos los partidos y, acto seguido, fue enviada al Congreso de los Diputados para su tramitación.
Sin embargo, el Gobierno Rajoy emitió un veto a su tramitación basado en un informe del Ministerio de Energía que Mar Blava considera «plagado de argumentos falsos, sin validez jurídica alguna.» Partido Popular y Ciudadanos, que juntos tienen mayoría en la Mesa del Congreso, respaldaron ese veto.
El PSOE y Unidos Podemos, también con representantes en la Mesa del Congreso, respaldaron, infructuosamente, que se tramitara. En 2018, el Parlament balear ha aprobado por unanimidad, por segunda vez, la citada Proposición de Ley, para su tramitación en las Cortes Generales.
El pasado 2 de noviembre, la Mesa del Congreso de los Diputados dio traslado de la misma al Gobierno central, el cual tiene un mes desde esa fecha para decidir si ejerce su derecho de veto a la tramitación de esta iniciativa. No obstante, el Gobierno central sólo podría tratar de vetarla si tuviera repercusión presupuestaria significativa en los PGE.
Los conservacionistas consideran que la PL balear no afecta a los Presupuestos Generales del Estado en vigor, «como demuestra el análisis jurídico de su articulado», según se señala desde la entidad. El mismo voto hace el conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal.
Vidal ha manifestado que espera que «la unanimidad que se ha constatado en el Parlamento balear se mantenga también en el Congreso». Alianza Mar Blava ha solicitado al MITECO, dirigido por Teresa Ribera, que no autorice la prórroga de 10 años solicitada por Repsol para la concesión de explotación de hidrocarburos.
Se trata del programa denominado “Casablanca”, frente a las costas de Tarragona, que caduca el 27 de diciembre de 2018 (Real Decreto 237/2009). La concesión de ese tipo de prórrogas es meramente potestativo: el Gobierno central no tiene ninguna obligación legal de concederlas, aseguran desde Mar Blava.
Carlos Bravo, coordinador de Alianza Mar Blava, asegura que «conceder esa prórroga sería tremendamente incoherente por parte del MITECO, que ha expresado en repetidas ocasiones la voluntad del Gobierno socialista de Pedro Sánchez de prohibir las actividades de explotación y explotación de hidrocarburos en el mar».
Además, Alianza Mar Blava exige al Gobierno central que cumpla con lo determinado por el Tribunal de Justicia Europeo que, en diversas sentencias emitidas desde 1998, ha establecido claramente que este tipo de procedimiento debe someterse a la obligación de evaluación ambiental que impone una directiva.
Se trata de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, igualmente aplicable a los controles establecidos por la Directiva marco de protección del medio marino. Hasta ahora estas prórrogas se han venido otorgando por la Administración sin que se realizase ningún control ambiental al respecto, aseguran desde Mar Blava.
Y según manifiestan, «esta práctica es contraria al Derecho de la Unión Europea y resulta especialmente grave cuando se trata de prórrogas de autorizaciones que se otorgaron sin tener ningún control ambiental. La necesidad de dicho control ha sido aclarada por la jurisprudencia europea».
En tercer lugar, Alianza Mar Blava, plataforma intersectorial compuesta por más de 120 entidades de la sociedad civil, del sector privado y de la Administración pública, pide al MITECO una nueva y coherente redacción del articulado relativo a las autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos.
Pretenden con ello que se mejore el texto del recientemente presentado Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. A ese respecto, la Alianza ha enviado al MITECO un escrito de alegaciones para mejorar la que desde la plataforma se considera una «insuficiente redacción actual».
Para esta plataforma, si bien se plantea que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, en relación al ámbito territorial, el Anteproyecto no incluye esa prohibición a todo el territorio marino en el que el Estado español ejerce competencias.
En el actual texto se limita el alcance de la normativa sólo a las aguas territoriales (12 millas) y permite ―aseguran― «que estén activos hasta el 2040 los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes que se encuentren ubicados en el mar territorial».
En opinión de la Alianza Mar Blava, «la actual redacción del articulado del Anteproyecto no resulta en coherente con la supuesta voluntad del Gobierno central y del MITECO de apostar por una urgente y profunda descarbonización de nuestro sistema energético, para lo cual es necesario abandonar lo más rápidamente posible nuestra dependencia de los combustibles fósiles.»
