JUAN RIERA ROCA / La retirada, por parte de la Abogacía del Estado, del recurso contencioso administrativo interpuesto contra el decreto 8/2018 por el cual se regula la capacitación lingüística del personal estatutario del Ibsalut de las Islas Baleares, ha sido recibida con satisfacción por parte del Govern.
Se trata del decreto que marca los niveles de catalán exigibles a quienes van a acceder a un empleo público en el ámbito sanitario balear (o el compromiso de acceder a ellos) y que desde el PP y Ciudadanos se consideraba excesivo y causa directa de la fuga de estos profesionales hacia otras CCAA que no realizaran estas exigencias,
Con esta actuación, el Estado acepta los argumentos planteados por parte de la Abogacía de la CAIB, confirmando que este decreto es proporcionado y de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional. Este desistimiento se produce siendo ambos gobiernos —autonómico y estatal— del mismo color.
«Desde el Gobierno valoramos positivamente la decisión del Gobierno central de desistir del recurso que el Partido Popular interpuso, yendo en contra de un Govern que toma decisiones de manera legítima», ha indicado la consejera de Presidencia y portavoz del ejecutivo, Pilar Costa.
Costa ha añadido que el desistimiento «demuestra, una vez más, la total legalidad y normalidad con que se aprobó esta normativa», al menos desde la perspectiva del PSOE, que es el partido que desde el Gobierno central controla la Abogacía del Estado, que no es independiente, como sí lo es la Fiscalía.
La retirada del recurso confirma «un nuevo talante por parte de la administración estatal respecto a la diversidad lingüística y a la importancia de garantizar el derecho de los usuarios a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales, con la seguridad de ofrecer una asistencia sanitaria de calidad».
El Decreto 8/2018 fue aprobado por medio de un acuerdo del Consell de Govern de la CAIB el pasado 23 de marzo y cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de las Islas Baleares. El decreto pretende —aseguran sus promotores, con el rechazo del PP garantizar— que todos los profesionales sanitarios puedan participar en la oferta pública de más de 5.000 plazas ya iniciado y que seguirá durante el año 2019.
