JUAN RIERA ROCA / El Consell de Govern ha aprobado el decreto de creación del Comité de Ética Asistencial de las Illes Balears y de los comités de los hospitales públicos y privados de las áreas de salud de Menorca, de Eivissa y Formentera y de Atención Primaria de Mallorca.
Este decreto prevé la creación de un comité de ética asistencial de carácter autonómico y establece el régimen jurídico de creación y acreditación de los comités de ética asistencial ya creados para asesorar a los profesionales sanitarios y los usuarios ante conflictos éticos.
Los avances técnicos y científicos permiten la intervención médica en los momentos críticos entre la vida y la muerte, pero también pueden comportar un riesgo para el paciente y afectar a la dignidad humana. Los profesionales sanitarios deben hacer frente a decisiones difíciles.
Se encuentran ante la necesidad de dar respuesta a cuestiones éticas relacionadas también con ideologías, creencias y actitudes de una sociedad cada vez más diversa y plural, ante el conjunto de circunstancias y la variedad y complejidad de situaciones en las que se pueden producir estos conflictos.
Este afrontamiento demanda no solo un marco jurídico apropiado, sino también órganos colegiados para el estudio de cada conflicto y que ofrezcan asesoramiento cualificado. Esta norma apoyará a usuarios, profesionales y a la comunidad en materia de ética asistencial con equidad y calidad.
El Comité de Ética Asistencial —adscrito a la Dirección General de Planificación, Evaluación y Farmacia— estará integrado por miembros propuestos por la Conselleria de Salud, la UIB, los colegios de Médicos, Enfermería, Psicología, Trabajadores Sociales y Abogados.
A todos los integrantes se les exige experiencia y formación acreditada en materia de bioética y humanidades. Además de estos propuestos, estarán presentes representantes de los comités de ética asistencial de los centros sanitarios del sistema de salud de las Islas Baleares.
Entre los objetivos de este nuevo órgano de carácter consultivo, multidisciplinar e independiente, cabe destacar la promoción de medidas para velar por la dignidad, la autonomía, la integridad y otros derechos y libertades fundamentales en el ámbito de la atención sanitaria.
Y propiciará el debate público y especializado en relación con la ética, la atención sanitaria y la investigación en materia de ética, con el objetivo de documentar las opiniones, las actitudes y las respuestas. Asesorarán, cuando así se les requiera, en procesos de toma de decisiones clínicas.
Esto se les requerirá en el caso de que estas decisiones planteen un conflicto, coordinarán a los comités de ética de los centros sanitarios (públicos y privados) y les prestarán asesoramiento de manera que queden garantizados la equidad y los derechos de toda la ciudadanía de esta comunidad.
El decreto supone, además, que todos los centros sanitarios tengan que disponer de un comité de ética o que queden vinculados a alguno ya existente. Estos comités analizarán y emitirán informes no vinculantes sobre las cuestiones éticas planteadas en relación con la práctica clínica.
Estos informes se concluirán en sus contenidos mediante recomendaciones a pacientes, personas usuarias de los centros, profesionales de la salud, directivos de los centros sanitarios y responsables de las instituciones públicas y privadas.
Asimismo, podrán trasladar al comité autonómico las cuestiones que, por su especial relevancia sanitaria o social, o por la complejidad que presenten, requieren un estudio más profundo y detallado.
