JUAN RIERA ROCA / “La ciencia cierra los ojos ante la esterilización forzada de mujeres con discapacidad”, según un estudio de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y de la Universidad de Magallanes que alerta de la escasa visibilidad de esta problemática en la literatura científica internacional de los últimos 20 años.
La realización de una esterilización forzada en niñas, jóvenes y mujeres con todo tipo de discapacidades representa una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas en todo el mundo. En 2008, la ONU lo declaró como una forma de tortura, trato cruel, inhumano y degradante hacia la mujer.
Victoria Ferrer, catedrática de universidad del Departamento de Psicología de la UIB y Andrea Yupanqui, alumna del programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinarios de Género de la UIB y profesora asociada del Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Magallanes, en Chile, han publicado una revisión.
Esta revisión donde alertan de la escasa visibilidad del problema en la literatura científica internacional de los últimos 20 años, ha aparecido en la revista Gaceta Sanitaria. Entre 1997 y 2016 solo se publicaron 139 artículos sobre la práctica de esterilización forzada en mujeres con discapacidad en inglés y español.
Y ello pese a que la producción científica en este campo ha experimentado un ligero crecimiento en la última década: entre 2007 y 2016 se concentra el mayor número de publicaciones (65,5%). En la autoría de estas publicaciones aparecen 24 países y tres organismos internacionales, con un predominio de Estados Unidos y Australia.
Les siguen España y Reino Unido. Según el idioma, el 79% emplearon el inglés como idioma original y solo el 21% el español. “Esto impacta en su potencial visibilidad en países de habla hispana y fomenta el desconocimiento de esta situación en países con menor desarrollo”, advierten las autoras de esta investigación.
La autora más destacada en este ámbito es Carolyn Frohmader, con ocho publicaciones, y que representa al activismo de mujeres con discapacidad. Frohmader pertenece a la organización Women With Disabilities Australia, responsable del 7,9% de la producción científica sobre esterilización forzada de mujeres con discapacidad de los últimos 20 años.
El 70% de los documentos explica que la esterilización forzada afecta principalmente a mujeres con discapacidad intelectual. Un 15% de señala que afecta transversalmente a mujeres con otros tipos de discapacidades (psíquicas, sensoriales o físicas, entre otras). Solo el 8% de los artículos revisados se refiere a esta práctica aplicada al grupo de jóvenes y niñas con discapacidad (1996-2006).
Respecto a temas recurrentes, el 47% de los artículos revisados reporta el mayor riesgo de violencia y abuso sexual de este colectivo y el uso de este fundamento para someterlas a esterilización forzada. Ante esto, un 35% de los manuscritos enfatiza sobre el aumento del riesgo de abuso sexual hacia las mujeres tras la esterilización forzada.
Aunque las publicaciones abordan el tema desde la evidencia histórica de la violencia hacia las mujeres con discapacidad al análisis de barreras actitudinales pasando incluso por la aceptación de su existencia como una alternativa médica y terapéutica, desde 2007 se observa un aumento notable de artículos denunciando la esterilización.
Estas denuncian se enfocan como una vulneración de derechos humanos. Estos artículos denuncian la realización de esta práctica en diversos países y la unión de fuerzas políticas, económicas e ideológicas que niegan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad.
Pese a ser una práctica condenada por diversos organismos internacionales de derechos humanos, en 2017 se reconoce que la esterilización forzada de mujeres, jóvenes y niñas con discapacidad continúa aplicándose en 38 países del mundo, con una prevalencia que supera tres veces la tasa observada en la población general.
Solo en España, se habría aplicado a un millar de personas con discapacidad en los últimos diez años, según datos de la Fundación Cermi Mujeres. Para las autoras de este estudio, “preocupa la ausencia de trabajos que analicen las consecuencias psicológicas provocadas por estas prácticas, y la escasez de estudios en jóvenes y niñas con discapacidad, pues es el grupo de edad en el que se dan las formas más graves de violaciones específicas de sus derechos humanos”, denuncian.
