Juan Riera Roca
Terminada el pasado jueves la quinta jornada de la Comisión Parlamentaria que investiga el proceso de adjudicación y desarrollo de las obras del Hospital Universitario de Son Espases, pocos o ninguno de los declarantes ha arrojado sombra de duda de posible ‘juego sucio’ en la etapa de Jaume Matas, inicio de la gestación del controvertido proyecto de cetro sanitario.
Eso no significa, naturalmente, que los grupos parlamentarios se den por satisfechos: la ausencia de un Jaume Matas preso y enfermo (motivo por el que no declaró, como se le solicitaba), los silencios –en su derecho –de la ex consellera Aina Castillo y del ex director del Ibsalut Sergio Bertrán, han dejado cierto regusto amargo y han sido arma arrojadiza de la oposición.
La presencia del ‘famoso’ Luis Bárcenas a través de videoconferencia (aún estaba en la cárcel en la fecha señalada), no sirvió para arrojar más luz sobre la sospecha de que hubiera ‘pelotazo’ en la gestión del solar y construcción del hospital, ya que éste negó toda relación del PP central y de la trama por la que se le investiga con el nuevo hospital.
Sin embargo, a pocos días de salir de prisión, Bárcenas ya adelantó lo que será su “estrategia del ventilador” a partir de ahora, haciendo encaje de bolillos al asegurar que empresarios –alguno relacionado con Son Espases –ayudaron a pagar la sede del PP. Algo que el partido desmintió enseguida y sin demasiado esfuerzo.
Margalida Prohens, coportavoz del PP, resumió el paso del aún entonces preso por la comisión: “Barcenas negó rotundamente toda vinculación del PP nacional con la construcción de Son Espases y llegó a decir que desconocía el nombre del hospital hasta ser citado a comparecer”.
Ni que decir tiene que la Oposición captó al vuelo la oportunidad de Bárcenas de atacar al PP y que parte de la prensa lo aprovechó. Una Oposición que aparece ciertamente dividida, ya que desde Més se quiere toda la carne en el asador, a diferencia del PSIB-PSOE.
Los socialistas han creído inconveniente desde que se comenzó a gestar la comisión –con motivo de que la entonces consellera de Salud Aina Castillo admitiera ante el fiscal que Jaume Matas la presionó para cometer irregularidades en la adjudicación –que la investigación fuera más allá de la etapa del PP (Jaume Matas gobernó de 2003 a 2007).
Ello llevaba el viernes pasado a Carlos Veramendi, diputado del PP y presente en la comisión, a reiterar en unas declaraciones en Es Faristol de Ib3 Radio, el “miedo” y los “nervios” de los socialistas que quieren evitar que se llegue a investigar su etapa “entorpeciendo” el proceso para dilatarlo y que se acabe el tiempo.
Pero Veramendi y el PP están muy seguros de que la comisión cumplirá sus plazos antes de que haya que disolverla con motivo de la disolución del Parlament para convocar las elecciones autonómicas que se celebrarán el 25 de mayo. Y que el PSIB-PSOE tendrá que explicar una serie de momentos de su gestión.
Pero eso será el futuro. La semana pasada, tras los trabajos de la comisión, Veramendi aseguraba tranquilo que “hoy [por el jueves 22 de enero] ha quedado claro que el solar [para la ubicación del hospital, donde la Oposición busca un ‘pelotazo’ de algún empresario o grupo] se eligió bajo criterios técnicos y sin prisa”.
Desde el PSIB-PSOE se quiso aprovechar la comparecencia de una funcionaria del Ibsalut que ejerció de secretaria de actas y que afirmó que el procedimiento seguido para adjudicar las obras a la UTE de Dragados, después de que los informes encargados inclinaran por la oferta de OHL, «no fue normal».
Ésta –según el análisis socialista– “confirmó que la injerencia política de la entonces consellera de Salud, Aina Castillo, provocó que la Mesa de Adjudicación cambiara el criterio y dejara de lado -sin ni siquiera dictaminarlos -todos los informes técnicos favorables a OHL y pidiera nuevos, a través del Consejo Consultivo”.
La misma compareciente afirmó –según relató el socialista Antoni Diéguez –que dejó el puesto de trabajo antes de la finalización del proceso porque «no era normal que la prensa publicara cosas sobre el funcionamiento y las decisiones de la Mesa antes de que éstas pasaran y esto me ponía muy nerviosa».
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Investigación, Carlos Veramendi, señalaba tras las sesiones en las que comparecieron dos miembros de la Mesa de Contratación que “ambos han dejado claro que no ha habido ninguna presión política ni personal en el proceso de adjudicación del hospital”.
Recordó que los funcionarios se reafirmaron en que “todo se hizo ajustado a derecho, y que fue un procedimiento garantista”. Al respecto de ambas comparecencias, Veramendi ha lamentado “los interrogatorios de los portavoces de la oposición que tienen la costumbre de hacer una pregunta cuya respuesta no les interesa”.
Y asegura que “ya que antes de que éste pueda contestar, pisan al compareciente alegando que no tienen tiempo”. En cuanto a las acusaciones de que el proceso se hizo con prisas, Veramendi lo negó: “Si para ellos un año y casi dos meses fue deprisa, pocas mesas de contratación han visto”.
Sobre el caso de la funcionaria en la que el PSIB-PSOE basa alguna de sus sospechas de injerencia, el portavoz recordó que “a pesar de tratarse de un alto cargo del Pacte en el Consell de Mallorca cuando Francina Armengol era presidenta, reiteró que todo se había ajustado a derecho, y que por una cuestión personal había decidido dimitir”.
Uno de los comparecientes más esperados ante esta comisión era sin duda Javier Rodrigo de Santos López. Ex concejal de Urbanismo en la etapa en la que se gestó en el hospital, fue acusado y condenado por malversar 50.000 euros del Ayuntamiento que devolvió antes de ser condenado.
De Santos, que atravesó un infierno al padecer en aquellos tiempos una adicción a la cocaína y verse además implicado en un escándalo sexual con menores que le ha llevado a prisión (estando ya en tercer grado, tras varios años privado de libertad) aprovechó para pedir perdón de nuevo, pero hizo algo más.
El ex concejal dijo que Matas jamás le sugirió ubicar el hospital en Son Espases y que si se sintió presionado en algún momento de aquella etapa de su vida y de su gestión fue por el expresidente Cañellas cuando le preguntó por un expediente sobre un proyecto para un centro geriátrico privado cerca de Son Espases.
«No era ni la manera de trabajar conmigo el señor Matas ni la manera de trabajar yo con él, al contrario, jamás recibí ninguna sugerencia al respecto y si la hubiera tenido probablemente hubiera descartado que fuera Son Espases la ubicación», dijo, entero y calmado tras los años de prisión y deshabituación pasados.
El ex teniente de alcalde de Urbanismo explicó que fue decisión suya que las cuatro posibles ubicaciones para situar el hospital que habían determinado los técnicos municipales fueran sometidas a debate y votación en el pleno municipal para garantizar la transparencia que quiso que se respetara en todo el proceso.
«Yo mismo tenía las sospechas de que pudiera haber en torno a esta cuestión una especulación, que me preocupaba mucho porque ya se hablaba, y precisamente para evitarla quisimos ser máximo transparentes», dijo el responsable urbanístico de aquella etapa municipal coincidente con el Govern de Jaume Matas.
Según De Santos, la modificación para permitir que se construyera el hospital no se hizo mediante la declaración de interés general del Govern por su empeño en que se realizara de la forma más transparente posible: «Fui yo el que me empeñé en que, para evitar suspicacias, hubiera un proceso completo».
Por ello se modificó en Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sometiéndolo el proyecto de modificación hasta en tres ocasiones a exposición pública para que se presentaran alegaciones, en fases inicial, provisional y definitiva, aunque declarar el interés general «hubiera sido muy fácil».
De Santos dijo que sí se sintió presionado por el expresidente Cañellas cuando le preguntó sobre un proyecto para construir un geriátrico privado cerca de Son Espases. Se denegó el interés general y por tanto no se aceptó el proyecto, que precisamente había sido propuesto por el empresario Bartolomé Cursach.
Ante la pregunta de por qué se denegó el geriátrico promovido por Cursach y Seguí en Son Cabrer, cerca de Son Espases, el exconcejal dijo no recordar los motivos técnicos pero que «desde el punto de vista político no puede ser que un geriátrico privado se llame de interés general, sería el colmo».
Sobre si recibió presiones políticas para facilitar ese proyecto, De Santos dijo: «No, al contrario, recibí el apoyo y la propuesta de la alcaldesa (Catalina Cirer) de que se hiciera legalmente lo que se tenía que hacer», aunque respecto a presiones por parte de «otros políticos», fue algo ambiguo:
«Nunca me sentí presionado pero a la vez sí. Que facilitase no, pero sí me preguntaban y se interesaban por este expediente». La persona que se interesó por dicho expediente fue el expresidente autonómico y del PP balear Gabriel Cañellas.
Los empresarios llamados a declarar dicen que no han podido hacer negocio con los solares
Por su parte los empresarios Fausto Ferrero y Bartolomé Cursach negaron en la Comisión de Investigación de Son Espases haber asistido o haber tenido conocimiento de una cena celebrada en Madrid en 2002 donde supuestamente se ofreció información privilegiada sobre la que sería la localización del hospital.
Quienes sospechan que se ubicó Son Espases en la finca del mismo nombre querían saber si los empresarios que compraron los solares adyacentes tenían información privilegiada. Curiosamente, la tuvieran o no, ninguno de ellos ha conseguido llevar a cabo un gran negocio tras la construcción del complejo sanitario.
Ferrero recordó que compró la finca, de que la sigue siendo propietario, en 1995 porque la consideró una “buena inversión” y defendió que “el precio que aparece en la escritura del terreno es el mismo que se abonó”. Lo cierto es que en 1995 aún ni se hablaba de llevar el ‘nuevo Son Dureta’ a Son Espases.
Ferrero reconoció que las únicas actividades urbanísticas relacionadas con la finca en estos años fueron en la época socialista cuando se quiso construir Viviendas de Protección Oficial: el que fue Delegado del Gobierno, Gerard Garcías se puso en contacto con él para un proyecto que finalmente “no salió adelante”, recordó.
Por su parte, Cursach detalló que empezó a negociar la compra de la finca en el año 2000 y que firmó la acción de compra en 2002 aunque las escrituras no estuvieron listas hasta 2003. Dijo que el precio total de la finca, de unos 155.000 metros cuadrados, ascendió a 13,5 millones de euros.
Creía que “el crecimiento de Palma sería hacia allí y tenía sentido invertir de cara al futuro”. Cursach recordó que los solares siguen rústicos, que intentó construir un geriátrico cuya licencia nunca se dio y que “de saber que seguirían siendo rústicos no habría comprado, ya que nos los quería para sembrar patatas”.
Tras escucharlos el portavoz del PP Carlos Veramendi dijo que “ha quedado patente que la teoría de la conspiración, los pelotazos urbanísticos y las recalificaciones aquí no ha existido” y que cuando Cursach solicitó la construcción del geriátrico “ningún grupo municipal votó en contra de iniciar las operaciones”.
Ahora, en las próximas jornadas, le toca el turno a los responsables socialistas de la legislatura siguiente a la de Jaume Matas (2007-2011) a los que no les ha hecho ninguna gracia que esta comisión les incluya en la investigación. Esta comisión nace de la declaración en sede judicial de la ex consellera Aina Castillo en torno a presuntas presiones de Jaume Matas para que se diera el proyecto a un grupo empresarial, aunque éste. finalmente, no fue el beneficiado.
El Grupo Parlamentario Popular, con mayoría absoluta, admitió que se creara la comisión, aunque investigando las irregularidades, en forma de reducciones de los costes de las fases finales de finalización de las obras y arranque del servicio, que autorizó el equipo del conseller socialista de Salud, Vicenç Thomàs. El PSIB-PSOE lo rechazó. Pero el PP cuenta con mayoría en la cámara balear y no solo eso, sino que el grupo MES (izquierda e izquierda nacionalista) apoyó que se investigara la totalidad del proceso.
