Perspectiva general del debate del canal de YouTube del Congreso de los Diputados. Joan Calafat es el primero de la izquierda de la imagen.
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Joan Calafat, editor del grupo multimedia Salud Ediciones, que publica las revistas Salut i Força Balears y Salut i Força Comunitat de València, así como el diario digital Saludediciones.com y el programa Salut i Força TV, decano de la televisión sanitaria en Baleares, ha acudido hoy al Congreso de los Diputados a participar en un debate sobre la desprivatización de la sanidad, invitado por la formación política Unidas Podemos de Baleares. El debate comenzó a las 16.55 y se emite en streaming.
Joan Calafat explicó que el “modelo sanitario privado balear, implantado desde finales del siglo XIX es único e histórico y que no se repite en ningún otro territorio”, un modelo en el que “los gremios profesionales se organizan por sí mismos para procurarse la atención sanitaria, con una progresiva implantación de empresas familiares dedicadas al sector sanitario y hospitalario: clínicas de pequeñas dimensiones dirigidas a colectivos concretos (pagesía, industria….)”
Además, explicó Calafat en el debate organizada en el Congreso de los Diputados, “la ausencia de oferta pública sanitaria fue paliada por la red de hospitales familiares privados”, una oferta que va consolidando un concepto particular y a la vez gremial de la sanidad en el que las clínicas privadas van adquiriendo medios y recursos e, incluso después de la llegada del sistema público de salud en España, mantienen su hegemonía en Baleares”.
Esta dinámica está relacionada con el surgimiento del boom turístico a partir de los años 60 y la necesidad de afrontar la nueva demanda asistencial procedente de los visitantes. “A pesar de esta nueva realidad poblacional, –siguió explicando Joan Calafat en una de sus intervenciones –la inversión pública en Baleares, en materia sanitaria, era prácticamente nula en aquella época. El primer hospital público en las islas se inauguró en Mallorca, a finales de los años 50.”
El florecimiento del sector privado sanitario permite a estas clínicas, a partir de la segunda mitad del siglo XX, obtener recursos suficientes para adquirir los nuevos equipamientos tecnológicos: radioterapia, bomba de cobalto, TAC, cirugía cardíaca, procedimientos y servicios que en varios de estos casos (el de la cirugía cardíaca es un ejemplo básico) tuvo antes que la sanidad pública y ésta le concertó.
A partir del siglo XXI, “la permanencia de la oferta asistencial privada mantiene un importante nicho de demanda hasta el punto que Balears ha sido el territorio con mayor número de pólizas sanitarias particulares”. Paralelamente se ha dado una “progresiva adaptación del sistema público al escenario sanitario balear con una colaboración entre sanidad pública y privada para extender y optimizar recursos tecnológicos y asistenciales”.
Ejemplos de colaboración público-privada, han sido, según ha explicado Joan Calafat en el Congreso de los Diputados, “la gestión del servicio público de Radioterapia de Ibiza y Formentera, por parte de la sanidad privada; el Decreto de garantía de demora para asegurar cumplimiento de tiempos máximos de demora en las listas de espera públicas, de modo que si a un paciente se le citaba para más allá de 6 meses pudiera elegir ir a la privada, con cargo público”.
También, “la integración de centros privados sin ánimo lucro en la oferta asistencial del Servei de Salut: éste ha sido el caso Hospital de Sant Joan de Déu y Hospital Joan March; la cogestión de la crisis de la Covid con 3.549 estancias hospitalarias en centros privados” y otros aspectos más particulares como la cámara hiperbárica privada, que sirve como centro de buceo y tratamiento de enfermedades vasculares o el Plan Global de Actuación Sanitaria en Ibiza.
Dentro de este espíritu de colaboración “se han alcanzado acuerdos desde la sanidad pública con la sanidad privada para tratamientos de rehabilitación, de enfermedades como el Ictus o especialidades como la cirugía cardíaca y la neurocirugía y protocolos de las clínicas privadas que van incorporándose a la cartera sanitaria a medida que cumplen con los estándares de calidad sanitaria, como ocurre concretamente en el caso del teleictus”.
Joan Calfat dio ante los concurrentes al debate en el Congreso de los Diputados una serie de razones de la necesidad de la colaboración público-privada en Baleares, una de las cuales es “la infradotación de las competencias sanitarias transferidas por el Estado a las islas en 2001, con las que la Administración sanitaria balear heredó una organización deficiente y precaria, con un gasto per cápita inferior a 600 euros (el menor del país)”.
En segundo lugar, “el estancamiento de la dotación económica destinada a la sanidad pública balear: según cifras de 2020, la ratio es de 1,9 camas por 100.0000 habitantes (segunda ratio más baja a nivel nacional)”, además, en 2020, el gasto sanitario en Baleares fue de 1,9 millones de euros, que representan 1.420 euros per cápita, la segunda dotación más baja del país, a pesar de que entre 2015 y 2020 ha pasado de 1.065 a la cifra anteriormente mencionada”.
Por otra parte, el “dinamismo del sector hospitalario privado en Balears, caracterizado por la herencia de la estructura familiar y gremial del siglo XX, ha dado paso a la presencia de los más importantes grupos y firmas sanitarias al frente de los hospitales de las islas”, todo lo cual ha generado “un modelo específico balear, no extrapolable a otros territorios y que no tiene nada que ver con la gestión privada de la sanidad pública”.
Este modelo “consiste básicamente en la cooperación y las sinergias entre sanidad pública y sanidad privada en unas dimensiones difícilmente comparables a los que se dan en otras zonas”. Esta diferenciación “es necesaria por el incremento espectacular de datos demográficos en Baleares durante los meses de verano, con un promedio de 360.000 residentes eventuales al mes, tres millones en todo el verano, lo que se corresponde a la población turística”.
“Todos los gobiernos autonómicos, de uno y otro signo, han apostado igualmente por este modelo de colaboración. Fueron Administraciones progresistas las que llevaron adelante convenios como el decreto de garantía de demoras”, ha explicado Joan Calafat, y ha añadido que “la clave del buen funcionamiento de este modelo es que cada uno de los ámbitos, público y privado, conoce cuál es su terreno y plantea una relación no de competencia mutua, sino de cooperación, en beneficio de todos los ciudadanos”.
